Una Comisión Real examina en Australia desde esta semana todos los sucesos concernientes al abuso de menores, tanto en entornos familiares, religiosos, educativos, médicos, de servicios sociales, deportivos, etcétera. Las estadísticas obtenidas en las investigaciones oficiales de otro país anglosajón, EE UU, han señalado que los abusos de sacerdotes católicos concernieron a un cuatro por ciento de la clerecía estadounidense, un porcentaje muy aproximado al de abusos cometidos por colectivos de ministros de otras confesiones, profesores, trabajadores sociales, médicos, instructores de scouts o entrenadores deportivos (datos del John Jay College of Criminal Justice y del National Review Board for the Protection of Children and Young People".

Es decir, las autoridades australianas abordarán una investigación conjunta de todas las circunstancias registradas y entre las medidas que se prevé adoptar de cara al futuro se halla la de anular el secreto profesional en aquellos casos en los que el abusador pueda ampararse en dicho sigilo para ocultar datos.

Evidentemente, la bomba ha estallado en el seno de la Iglesia Católica, cuyo sigilo sacramental en la penitencia es uno de los preceptos más firmes del Código de Derecho Canónico (CDC). El canon 983 impone que "el sigilo sacramental es inviolable; por lo cual está terminantemente prohibido al confesor descubrir al penitente, de palabra o de cualquier otro modo, y por ningún motivo". Si se produce el quebranto de esta ley canónica, «el confesor que viola directamente el sigilo sacramental, incurre en excomunión latae sententiae", es decir la que cae automáticamente sobre el sujeto sin necesidad de ser dictada por la autoridad. En tal caso, sólo puede actuar a continuación "la Sede Apostólica".

Pero el Gobierno de la Primer Ministro, Julia Gillard, quiere que aquellos sacerdotes que en la confesión hayan tenido noticia de que el penitente „por ejemplo, otro sacerdote„ ha cometido pederastia se vean exonerados de dicho sigilo sacramental y acudan a las autoridades a denunciarlo.

El cardenal Pell, arzobispo de Sydney y cabeza visible de la Iglesia Australiana, ya ha declarado que el secreto de confesión es absolutamente inviolable y que, en último término, un sacerdote puede negarse a recibir en confesión confidencias de un pederasta del que tenga cierta noción por otros cauces. Pero una vez administrado el sacramento de la penitencia, sus labios permanecerán sellados, salvo que el propio penitente le autorice a actuar en determinadas circunstancias, aunque, por ejemplo, el confesor, aun con el permiso del sujeto, no puede ser testigo en juicios canónicos, esto es, los propios de la Iglesia. También puede darse el caso de que el confesor persuada al sujeto de que se confiese a las autoridades antes de de que pueda administrarle la absolución.

Pero al igual que ha sucedido en la legislación irlandesa (cinco años de cárcel para el sacerdote que se niegue a informar sobre un delito de pedofilia conocido en confesión), en Australia se pretende modificar las leyes penales para obligar a un sacerdote a declarar ante la Policía e incluso recibir condena de prisión si se niega a revelar datos sobre una investigación por pederastia. El argumento gubernamental de fondo es que ninguna persona en el desempeño de su profesión debería obstruir dichas investigaciones y que las leyes habrán de obligar a todos por igual.

Sin embargo, el caso irlandés y el posible australiano son excepciones con respecto a la mayoría de los países occidentales y de orígenes cristianos. Por ejemplo, la legislación española ampara el secreto de confesión en el ámbito constitucional, procesal o concordatario (acuerdos entre la Santa Sede y el Estado español).

Evidentemente, el choque de locomotoras es manifiesto. Grupos de sacerdotes han advertido de que traspasar la línea roja del sigilo sacramental católico conducirá a que con el tiempo se abra la veda y se obligue a los presbíteros a revelar confesiones sobre fraudes, robos u homicidios. En el lado contrario, otros sacerdotes se preguntan si realmente los abusadores „en general presos de una patología„ se confiesan habitualmente de sus actos sexuales con menores.

Por otra parte, a favor de los sacerdotes y de la posibilidad de que rechacen a un penitente opera el hecho de que la persona que solicite la confesión no lo puede hacer por motivos de ocultación o de engaño, sino únicamente con el deseo sincero de obtener la absolución de los pecados.

Pero pese a estas consideraciones, llegados al extremo, ni siquiera el Papa podría autorizar a un sacerdote a que revele un dato obtenido en confesión, con lo que la cárcel podría ser ineludible. Ya existe un precedente: el obispo de Bayeux (Francia), Pierre Pican, fue condenado en 2001 a tres meses de prisión por no haber denunciado a las autoridades a un sacerdote de su diócesis acusado de pederastia. Pican había apelado al secreto de confesión (o al menos al secreto profesional de un superior con respecto a las confidencias de un súbdito). Pero el suceso llegó a transcender negativamente para la imagen de la Iglesia cuando se supo que el cardenal Castrillón Hoyos, según encargo de Juan Pablo II, le había enviado una carta de felicitación por su defensa del secreto.

En la catedral de Praga, un epitafio reza lo siguiente: "Yace aquí Juan Nepomuceno, confesor de la Reina, ilustre por sus milagros, quien, por haber guardado el sigilo sacramental fue cruelmente martirizado y arrojado al río Moldava, por orden de Wenceslao IV, el año 1393". Nepomuceno fue canonizado en 1729 por el Papa Benedicto XIII y considerado patrono de los confesores. Según habladurías de la corte, la reina había sido infiel a su marido e hipotéticamente lo había confesado al sacerdote. Wenceslao IV, que se consideraba a sí mismo un Nerón redivivo, hizo gala de su crueldad.

Someter hoy a un sacerdote a que conculque uno de los preceptos más firmes de su religión supone una imposición de gran dureza y es posible que se vea a presbíteros camino de la cárcel. Pero, por otra parte, la referida carta de cardenal Castrillón fue un error manifiesto y la verdadera urgencia de la Iglesia es no sólo proteger sus usos sacramentales, si no erradicar para siempre la que ha sido una de las peores lacras de toda su historia.