La moratoria de dos años para evitar la sangría de desahucios para los casos de extrema necesidad no es ni de lejos la solución definitiva para el problema humanitario que ha planteado la crisis al haber dejado a muchos deudores sin capacidad para cumplir lo pactado y al haber reducido drásticamente el precio de las viviendas, con lo que la entrega de la misma al banco no extingue la deuda en la mayoría de los casos.
En efecto, la moratoria, mucho más generosa que la finalmente otorgada, sería necesaria para resolver el problema perentorio actual pero la ley hipotecaria vigente no está adaptada a los tiempos que corren. Basta compararla con las de los países de nuestro entorno para entender que la española permite contratos leoninos en que el prestamista -los bancos- no corre riesgo alguno en tanto el cliente está a merced de todas las inclemencias de la coyuntura.
No deberíamos olvidar que en nuestro país el derecho a una vivienda digna tiene cobertura constitucional, por lo que tendríamos que ser aquí mucho más estrictos en la defensa de los ciudadanos frente a los especuladores que han convertido los inmuebles en simples valores para el mercadeo.
