La Europa de la que formamos parte fue concebida por sus fundadores, socialdemócratas y democristianos, como un proyecto político que lógicamente incluía instrumentos económicos y de otra índole: la Europa de los ciudadanos, donde los ejes básicos deberían ser las libertades individuales y cívicas, la equidad comprendida como igualdad de oportunidades y la solidaridad más allá de la beneficencia. ¿Qué queda de "aquella" Europa? Nuestra Constitución, surgida después de más 40 años de dictadura, hace referencia a un "Estado social y democrático de derecho". Se hicieron avances trascendentales en la consolidación de los derechos y libertades, se consiguieron logros tan relevantes como la sanidad y educación universales, la garantía de las pensiones, la protección de las personas dependientes, el desarrollo y aplicación de políticas sociales más allá de la simple beneficencia. ¿Qué resta de aquellas conquistas políticas y sociales? Nuestro Estatut incluye algunos artículos que tienen, o deberían tener, vigencia en nuestra actual situación. Un ejemplo: "A fi de combatre la pobresa i facilitar la inserció social, els poders de les Illes Balears garanteixen el dret dels ciutadans de les Illes Balears en estat de necessitat a la solidaritat i a una renda mínima d´inserció en el termes prevists en la llei" (artículo 21). Cualquier coincidencia con la realidad es pura casualidad.

No voy a insistir una vez más en las graves consecuencias de unas políticas centradas en el déficit como único "dios" digno de adoración. No sólo racionalizar el Estado, sino demonizarlo. No sólo adelgazarlo, sino privatizarlo. Se nos dice que tales medidas, recortes en servicios públicos básicos, incluidos tijeretazos a determinados derechos, son imprescindibles para que un día (no se sabe ni cuándo ni cómo) salgamos de la crisis, recuperando la actividad económica y creando empleo. Se nos asegura que los recortes en educación y sanidad pública, en las pensiones, en las políticas sociales activas no basadas en la beneficencia y otras lindezas son sólo medidas transitorias y que una vez superada la crisis podremos recuperar los niveles de bienestar. Somos muchos los que tememos que tales restricciones en los servicios públicos y otros recortes se consoliden como inevitables. De momento, el resultado es la recesión económica y un paro creciente. El endiosar sólo al déficit va en esta dirección.

Dos graves consecuencias nos amenazan y, si se siguen consolidando, significa que estamos construyendo una sociedad rota y descohesionada. La primera consecuencia es un adelgazamiento brutal de las clases medias. Uno de los triunfos de los países europeos después de la segunda guerra mundial fue la ruptura de un modelo de sociedad dual (los ricos y los pobres) para ir facilitando y posibilitando el crecimiento y la consolidación de las denominadas clases medias. Este segmento, formado por personas plurales en sus profesiones y en sus modelos culturales, se caracteriza por cierta capacidad de iniciativa y superación personal y social. Tal consolidación tuvo mucho que ver con la posibilidad de acceso a una educación pública de calidad, incluida la superior. En nuestra comunidad, la presencia y vitalidad de estas clases medias, con sus desajustes y conflictos, fue notable a partir de los años 70. Hoy estas clases medias son las que están sufriendo en sus propias carnes las consecuencias de la crisis y en muchos casos se están ubicando en situaciones de riesgo de exclusión social. La segunda consecuencia es el aumento de personas y familias no sólo en riesgo de exclusión social sino de pobreza. En la revista Temas Socioeconómicos, incluida en www.gadeso.org, se pueden observar datos y cifras (recuérdense que detrás de cada número hay una persona) que lo ratifican en nuestra Comunidad.

Hoy, con el pensamiento único y monolítico que lideran los conservadores y una izquierda desorientada, estamos consolidando una sociedad rota y descohesionada. Y mucho me temo que no sea con carácter coyuntural. Delante de esta situación es imprescindible que los ciudadanos sepamos hacer oír nuestra voz, y que los políticos no se limiten a tirarse los trastos unos a otros a la cabeza sino ofrecer alternativas concretas y coherentes a las demandas ciudadanas.