Quedan cubiertos todos los peldaños del escalafón. Ya resulta imposible hallar en Balears una categoría de cargo público de libre elección o representación democrática, que no haya debido rendir cuentas de su actuación ante la Justicia. Es la disfunción y la manipulación de unas instituciones esenciales que estaban concebidas, desde un hipotético engranaje saludable, para justificarse sólo ante los ciudadanos. Era una realidad virtual, la palpable es mucho más cruda, dura y decepcionante.

Estas islas, que deben su crisis material tanto a la coyuntura económica como al expolio de la corrupción infiltrada en las instituciones, completan su catálogo de muy honorables degradados hasta la condición de nada o poco recomendables. Aparte de un president del Govern, consellers, alcaldes y concejales varios, hasta ayer disponían de una expresidenta del Parlament condenada. Desde hoy, ilustran tan tramposa alineación con la imputación de un president del mismo órgano en ejercicio. Como aquí nada aparenta lo que resulta, conviene recordar que hablamos de la segunda autoridad de la Comunidad y de la Cámara que ostenta la máxima expresión y representación democrática y regula el control de otras instituciones esenciales.

La declaración del alcalde de Inca ante el juez encargado del caso Over Marketing se ha saldado con la retirada de cargos sobre su persona y la inmediata imputación, por la misma causa, de su predecesor y actual presidente del Parlament, Pere Rotger. Todo apunta a que Rafael Torres declinó en su deposición toda la responsabilidad de los contratos firmados con Over sobre Rotger, atendiendo a que éste ocupaba la alcaldía y que el sólo era edil, aunque firmante de las facturas. Se dirime un contrato a través de un expediente que, según la Guardia Civil, "adolece de todo rigor" y que se coló como cuestión menor a pesar de ascender a 20.300 euros usados en teoría para realizar una encuesta sobre la calidad de vida de los inquers y un curso de oratoria para el entonces delfín de Rotger, el actual alcalde Torres.

Aún de forma independiente al esclarecimiento de si el asunto en cuestión forma parte de la presunta trama de financiación irregular del PP, ya resulta patético que un alcalde que debe haber llegado al cargo provisto de oferta y programa electoral, deba recurrir a estudios demoscópicos para saber cuales son las necesidades de sus administrados. Por lo menos hubieran podido buscar un pretexto más sólido y el partido pagar el curso de labia al candidato.

El silencio de Pere Rotger se vuelve estridente a medida que pasa el tiempo y enturbia la imagen y hasta el prestigio del Parlament. Se impone algún tipo de reacción. El PP ha dicho que no caben excepciones y por tanto debe aplicarse el código ético del partido que separa a imputados de las instituciones, pero el portavoz del Govern, Rafael Bosch, se ha mostrado partidario de postergar cualquier decisión hasta el día 18, cuando Rotger declare ante el juez, no sea cosa que la imputación se corrija a su favor. como le ha ocurrido a Torres. La situación entre uno y otro parecen sustancialmente diferentes y además, Rotger está al frente de un Parlament a punto de abrir el debate sobre el estado de la Comunidad. Su autoridad se enturbia. La ambigüedad calculada se queda, en este caso, fuera de lugar.