Sentados frente a unos pupitres con un orificio para el tintero, en una desangelada clase, veíamos a nuestro maestro leer el semanario "El Caso" y tratábamos de entender los titulares, que recuerdo siempre sangrientos, acompañados de fotografías un poco borrosas. No eran buenos tiempos, por más que la memoria insista en edulcorar los recuerdos.

Seguimos enganchados a los sucesos trágicos, descubriendo el horror desde el cómodo observatorio de un espectador. El pequeño escalofrío que nos recorre la columna un instante, haciendo visceral un pensamiento. Por eso podrían publicarse en la primera página de sucesos el ahorcamiento de un hombre ante la ejecución del embargo de su vivienda, o el intento de suicidio de otra persona por la llegada de la comisión judicial para el desahucio. No son los primeros, ni serán los últimos a los que la desesperanza les aboque al suicidio.

Pero a muchos se nos han abierto los ojos y no los ubicamos en las páginas de sucesos, ni los podemos asimilar con los de "El Caso", los contemplamos abrumados en una batalla desigual, frente a unas instituciones bancarias que en el año 2009 recibieron ayudas públicas por valor de 57.285 millones de euros, el año 2010 otros 87.145 millones de euros, el 8,20% del PIB. No sabemos, aún, las cantidades de dinero que los ciudadanos hemos entregado en el año 2011, aunque ya estamos en el 2012 y seguimos invirtiendo dinero público en reflotar las pérdidas de los bancos.

Nuestros gobernantes aprueban que todos los recursos públicos sean destinados a apoyar al sistema financiero, pero sólo contemplan un Código de Buenas Prácticas sobre desahucios para que estos mismos bancos palíen la situación de desamparo de los deudores hipotecarios, Código que ya se ha demostrado insuficiente.

Diversas asociaciones cívicas se enfrentan diariamente a los desahucios, desde el comienzo de la crisis, se niegan a aceptar como un suceso las tragedias de muchas personas que no pueden hacer frente a los pagos, y tratan de conseguir 500.000 firmas para una Iniciativa Legislativa Popular para modificar la Ley Hipotecaria, con la finalidad de establecer la dación en pago, paralizar los desahucios de la vivienda habitual en deudores de buena fe, y fomentar el alquiler social.

En marzo, se debatió en el Congreso de los Diputados, la proposición de ley de Unión Progreso y Democracia (UPyD) para modificar la ley Concursal y permitir la dación en pago, y regular por ley el tipo de interés de demora de los préstamos hipotecarios. El Partido Popular votó en contra, la propuesta fue rechazada.

Esta semana, una comisión de jueces ha redactado un informe, remitido al Consejo General del Poder Judicial, denunciando la mala praxis de la banca y el sistema legal de desahucios, proponiendo medidas para proteger a las familias al borde del lanzamiento.

Los diputados electos tendrían que velar por que la legislación corrija la desigualdad de esta situación, en la que el dinero de los contribuyentes se invierte en socializar las deudas de los bancos, y se excluyen las deudas contraídas por los ciudadanos que no pueden pagar su vivienda habitual, siendo los propios bancos los que han concedido estos créditos fallidos sin la debida diligencia y con contratos de adhesión.

Una de las plataformas de afectados por los desahucios, en su manifiesto dice: " No negamos nuestra parte de responsabilidad al haber firmado un contrato que a día de hoy no podemos mantener, a pesar de las condiciones fraudulentas en que se pactaron muchas de estas hipotecas..."

Que tomen ejemplo banqueros y gobernantes que nunca asumen responsabilidad alguna.