La crisis económica y social que padecemos está alcanzando la línea de flotación de la política, que se concreta en una desa-fección ciudadana que afecta no sólo a los políticos, sino también a las mismas instituciones democráticas. El ciudadano percibe que la gestión de la crisis socioeconómica no está en manos de los poderes políticos democráticos, sino de personas a las que no hemos elegido y de instituciones opacas (la Troika: UE, BCE, FMI). Más aún, estos pretendidos tecnócratas que dictan las medidas concretas para salir del túnel, y que los gobiernos se limitan a aplicarlas a piesjuntillas, han sido los coautores del origen de la crisis.

Los neo.con, los neoliberales, además de no reconocer que una de las causas del actual caos fue y es la falta de supervisión y control por parte de los gobiernos democráticos de las políticas económicas regidas por la simple especulación, cargan todas las culpas a una gestión pública catastrófica que ha conducido a la quiebra de estados, CC.AA. y ayuntamientos. En consecuencia, la única manera de salir de la crisis son medidas de austeridad, caiga quien caiga, eliminando, reduciendo o privatizando todo lo que huele a público, incluyendo los servicios públicos básicos (educación, sanidad, servicios sociales€). No cabe duda de que hay ineficiencias y desa-justes en las administraciones públicas que obligan a tomar medidas de mejora de su eficiencia y eliminar duplicidades. Pero ello no implica, o no debería implicar, eliminar y/o reducir al mínimo las estructuras públicas y/o privatizar sus servicios. El Estado, en sus diferentes dimensiones y desde su eficiencia, es la garantía básica de equidad en la prestación de los servicios esenciales.

Además del malestar individual y social ante los tijeretazos, los ciudadanos también son críticos con nuestra actual democracia representativa. En un artículo titulado "Bombas de relojería al sistema democrático", publicado en estas misma páginas el pasado 15 de octubre, describía los déficits de la clase política, la obsolescencia de las actuales estructuras de los partidos políticos, la esclerosis en los comportamientos de las instituciones democráticas, así como ciertas iniciativas populistas como las de la presidenta Cospedal, de Castilla-La Mancha. Pero, además de aplicar medidas para reactivar la democracia representativa como pueden ser cambios en la actual ley electoral, listas abiertas, y otras propuestas de revitalización, los ciudadanos no aceptan que sólo puedan ejercer su soberanía votando cada cuatro años. Se demanda una democracia participativa que posibilite que la ciudadanía pueda hacer oír su voz mediante propuestas y nuevos modos de gestión pública en el quehacer político.

Es un hecho que ante la impotencia rente a los recortes y los silencios de la política formal, los ciudadanos se van articulando en organizaciones autónomas. Son realidades vivas y eficaces plataformas cívicas como la que lucha contra los desahucios hipotecarios, o una nueva iniciativa de apoyo (más allá de la beneficencia) a familias vergonzantes de nuestro entorno con necesidades básicas sin cubrir, o las convocatorias ciudadanas a través de las redes€. Estas nuevas formas de asociacionismo cívico son calificadas por los poderes bienpensantes como antisistema, violentas, radicales€. No comprenden, o no quieren comprender, que si el justo cabreo y la comprensible impotencia no tienen sus propios cauces de decisión y participación en las organizaciones "clásicas", es lógico que se articulen de manera autónoma. Lo grave es que la reacción suele ser aplicar medidas de todo tipo que desmovilicen a los ciudadanos: intento de ilegalización (vgr. Facua), gestión dura y pura de las Fuerzas del Orden, multas a los presuntos organizadores, limitaciones a la libertad de expresión€ Veremos como se concreta el nuevo Código Penal de Gallardón.

Precisamente la crisis ha puesto en evidencia las deficiencias de nuestro actual modelo de convivencia. Nuestro vigente sistema democrático, todos sus actores, deben adaptarse a los nuevos tiempos para seguir cumpliendo sus objetivos: una sociedad libre, equitativa y solidaria. Es urgente recuperar la política, regenerando sus instituciones democráticas y vitalizando la sociedad civil.