Si la crisis no nos hubiera insensibilizado tanto, estaríamos todos franca y sinceramente consternados por el drama de los desahucios que han padecido ya más de 350.000 familias y que se reitera, en macabro goteo, todos los días, con una secuela de tragedia y un rastro de suicidios. La secuencia con que se producen estas ejecuciones judiciales que dejan sin cobijo a núcleos familiares y, lo que es más grave, con una deuda exorbitante que les impedirá recuperarse de la adversidad en el futuro, es el retrato más amargo de una sociedad insolidaria, insuficientemente vertebrada, que no puede evitar que el frío sistema financiero se imponga a los criterios de humanidad que deberían regir con incuestionable prevalencia.

La situación es tan grave que los propios jueces han mostrado su desagrado y la existencia de alternativas. El Consejo General del Poder Judicial, en un acto de pusilanimidad poco comprensible, decidió recientemente no aprobar un trabajo elaborado por un grupo de seis magistrados a instancias de esta institución titulado "propuestas en materia de sobreendeudamiento familiar y medidas de protección del deudor frente a las consecuencias de la ejecución hipotecaria"; sin embargo, el documento constituye un aldabonazo a la conciencia política de los partidos, y en especial de la mayoría popular, que sólo tardíamente se ha preocupado por el espectáculo dramático de la exclusión social más sangrante. Rajoy, esta semana, interpelado por la oposición, se ha mostrado al fin conmovido y dispuesto a aceptar todas las sugerencias para remediar el problema.

Las medidas judiciales, de ser adoptadas, aliviarían el drama pero, lógicamente, la solución debe llegar por vía legislativa. Hace poco más de un mes, el PSOE presentó una proposición de ley que pretende ampliar las posibilidades de renegociar la hipoteca para evitar los desahucios y dar a los deudores una "segunda oportunidad" como ocurre en otros países. Para esto último, los socialistas proponen un procedimiento extrajudicial, un "convenio de acreedores con intervención notarial" que evitaría en un principio la declaración judicial de concurso (la insolvencia). Además, el PSOE quiere ampliar a más beneficiarios la posibilidad de reestructurar la deuda hipotecaria recogida en el ´Código de buenas prácticas´, de aceptación voluntaria por los bancos, aprobado por el Gobierno el pasado mes de junio. Reclama así incrementar las garantías que obligan a las entidades financieras, y quiere que el Código sea obligatorio para las que hayan recibido dinero público. También pretende evitar los abusos en la tasación que perjudican al cliente y, lógicamente, como último recurso, propone que se instaure la dación en pago.

Es claro que las buenas intenciones no resolverán el problema. Y que el PSOE, que no gobierna, tiene escasas posibilidades de ver cómo se le aprueba esta propuesta de ley. De ahí que no basten las sugerencias para que el Gobierno aborde tan desoladora situación: es preciso ejercer la necesaria presión social sobre la mayoría política por todos los medios lícitos. El sistema mediático tiene la obligación de mostrar con toda su crudeza las situaciones insoportables que provoca la ejecución de hipotecas, y los ciudadanos hemos de utilizar los diferentes cauces de la libertad de expresión para aliviar al colectivo más golpeado por esta crisis. Una crisis que han creado en el colmo de su avaricia los dirigentes del sistema financiero y que padecemos todos los demás.