El Partido Popular de Balears vuelve a recibir estos días una fuerte sacudida porque exdirigentes de la formación y miembros actuales de peso han dejado seriamente en entredicho y comprometido al PP con lo que se ha ido desvelando al levantarse el secreto de sumario de la rama balear del caso Gürtel. El último Govern de Jaume Matas ha dejado una estela difícil de igualar con su falta de escrúpulos en la concesión de contratos de campañas de imagen y publicidad. Es más, cada vez hay mayores indicios de que se utilizó esta vía para financiar el partido y camuflar los costes de la campaña electoral que llevó por segunda vez a Matas a la presidencia del Govern. Las declaraciones del dueño de Over Marketing, la empresa que presuntamente fue usada para canalizar las irregularidades contables, han aclarado muchas cosas y dejado poco margen de duda. Daniel Mercado ha dicho al juez Castro, quien instruye este ramal vinculado también al caso Palma Arena, que después de haber conocido a Matas en sus tiempos de ministro de Medio Ambiente obtuvo trato de favor y numerosos contratos amañados en Balears. El Ejecutivo de Matas llegó a pagar a la empresa de Mercado 3,5 millones. Over Marketing admite que facturó un millón en dos elecciones, pero el PP solo declaró pagos por valor de 18.000 euros en la campaña de 2003. También se ha sabido que Sanidad pagó 1,2 millones de publicidad del PP a través de la adjudicataria de Son Espases. Evidentemente, son hechos que deben esclarecerse en su integridad para depurar responsabilidades políticas y penales.

Las investigaciones del juez Castro apuntan a trece personas entre políticos, cargos de confianza y funcionarios. Figuran en la lista el ya dimitido exdelegado del Gobierno, José María Rodríguez y el actual alcalde de Inca, Rafael Torres, porque la vinculación municipal con la trama parece clara. Además, las figuras del predecesor de Torres y actual presidente del Parlament, Pere Rotger y de la exconsellera de Sanidad, Aina Castillo, también han quedado en entredicho, junto con la de la actual portavoz parlamentaria del PP, Mabel Cabrer. El director insular del Gobierno en Menorca ha dimitido por la misma causa. También ha trascendido que la vinculación de Rodríguez con la financiación ilegal del PP puede quedar constatada en los documentos de Over Marketing. Él es quien presuntamente pagaba en negro a Mercado en la sede del partido.

Todos los afectados han dicho que, si se confirma su imputación en las declaraciones ante el juez, pondrán su cargo a disposición del partido o dimitirán directamente. Pero lo han manifestado con la boca pequeña y sin convicción, porque al mismo tiempo han movido hilos para que esto no se produzca. El mismo Pere Rotger ha dado a entender que el actual código ético del PP, que exige la renuncia de imputados, mantiene el listón demasiado elevado y Rafel Torres, al tiempo que proclama su inocencia, está estructurando un movimiento de apoyo, entre los alcaldes del PP, para poder seguir al frente del consistorio de Inca.

Ya no hay dudas de que la actuación de Jaume Matas al frente del Govern fue un verdadero latrocinio. La vida política balear necesita regenerarse y adecentarse de una vez por todas. No se puede bajar la guardia. Cuando José Ramón Bauzá se hizo cargo de las riendas del PP balear impuso un código ético bajo la convicción de que imputados y condenados no tienen cobijo ni en la política ni en las instituciones. Hasta ahora ha sabido mantenerlo. Las presiones que está recibiendo desde el seno de su propia formación son un muy mal síntoma. Indican que no existe suficiente convencimiento en el seno del partido conservador para sanear su estructura y despedir a los corruptos, y que algunos dirigentes históricos no solo no han aprendido nada de sus errores y corruptelas en el pasado sino que pretenden imponer su turbio concepto de la política actuando como grupos de presión que buscan doblegar a Bauzá. Cambiar la ruta emprendida por el presidente sería un craso error. El código ético del PP debe salvarse y aplicarse a toda costa. La realidad social y económica está obligando a Bauzá a imponer ajustes y recortes sociales cuyo coste político puede ser elevado, sobre todo cuando afectan a ámbitos ciudadanos en los que, sin duda, hay mucho votante del PP, pero lo que no se le perdonaría es un paso atrás que propiciase la vuelta a los peores años de la impunidad en la gestión política. Bauzá tiene una oportunidad irrepetible para soltar el lastre de corruptelas e impresentables estilos de hacer política que han convertido a nuestra comunidad en una referencia bochornosa. Los ciudadanos sabrán recompensar su firmeza ética o castigar su debilidad ante quienes, de manera impresentable, pretenden agarrarse a sus cargos mientras la Justicia cuestiona gravemente su actuación como representantes de los ciudadanos.