Recientemente, el constitucionalista Francesc de Carreras, en su tenaz dedicación a la tarea de clarificar la opaca realidad catalana, explicaba en la prensa las diferencias entre los conceptos federal y confederal, así como entre el federalismo dual y el federalismo cooperativo que es el que rige actualmente en modelos de éxito como el alemán o el norteamericano. Pero a pesar de los intentos bien intencionados de hacer luz sobre el asunto, continúa tanteándose en torno al ´problema catalán´ la idea de federalismo asimétrico, el oxímoron acuñado por Pasqual Maragall, que no tiene sentido más que en una derivada tangencial y sin contenido político. Tal fue, por ejemplo, el que le dio al concepto Felipe González recientemente, quien dijo estar convencido de que "no hay un sólo federalismo que no sea asimétrico", para añadir acto seguido que, de hecho, el federalismo asimétrico no es contradictorio con un marco de derechos y obligaciones igual para todos; y para acreditarlo puso como ejemplo a Estados Unidos, donde unos Estados tienen pena de muerte y otros no, y aseguró que a él no le molesta la "asimetría" de la identidad cultural y tampoco que Cataluña tenga competencias propias como los Mossos d'Esquadra. Evidentemente, esta no es la asimetría ventajista del pacto fiscal, ni la que propugnaba Maragall desde la presidencia de la Generalitat.

En un estado federal clásico, ambas cámaras legislativas comparten la soberanía (aunque el Bundesrat no sea propiamente una cámara parlamentaria según la constitución alemana), con la particularidad de que las leyes que afectan a la organización territorial se aprueban en la Cámara Alta, que en EEUU es elegida directamente pero en Alemania no: sus miembros son representantes de los gobiernos regionales, presididos en general por el primer ministro de cada land. La Cámara Baja promulga las leyes transversales, leyes de bases que establecen el marco general de la política y la economía. Y cada Estado federado (o como se llame) tiene plena capacidad para organizarse presupuestaria y financieramente, dentro de los límites federales que unifican los principales impuestos. Es posible poner límites a la solidaridad -aunque es incierto que Alemania ya los tenga: Baviera y otros länder los reclaman, de momento sin éxito-, y los presupuestos federales de los distintos países que abrazan este modelo no suelen llegar a un tercio del total (el 20% en los Estados Unidos).

Nuestro sistema autonómico es muy semejante al federal, y una somera reforma constitucional nos permitiría rematar el estado autonómico, hoy un engendro exótico y desequilibrado, hasta lograr un modelo ya contrastado. Bastaría, en esencia, con revisar el sistema de elección y las competencia del Senado para convertirlo en verdadera cámara de representación territorial con capacidad legislativa plena en las materias de trascendencia territorial y revisar el Título VIII, y en particular los catálogos de competencias de los artículos 148, 149 y 150 de la Constitución vigente.

El modelo federal podría proporcionar también encaje al País Vasco y a Navarra, cuyos regímenes no son compatibles con la pertenencia europea (ya se ha dicho con claridad en Bruselas) si no se produce una adaptación a las reglas generales de juego. El llamado ´salto federal´ permitiría a los territorios forales mantener su singularidad fiscal, adaptada a la racionalidad federal.

La otra opción, el pacto fiscal o un trato preferente para Cataluña en un nuevo sistema de financiación, no dará resultado por una razón bien simple: en el ámbito federal se consagra la diferencia, no el privilegio. En esto consiste el quid de la cuestión.