Parece casi la cuadratura del círculo. Se sabía hasta la reiteración que el ajuste de las cuentas públicas para 2013 que hoy aprobará el Govern y la semana próxima debatirá y avalará el Parlament, sería tarea ardua y compleja. Los presupuestos quedan listos con unos días de retraso sobre el plazo legal, no tanto por el cambio de titular al frente de la conselleria de Salud, sino por la pugna entre los distintos componentes del gabinete Bauzá para salvar su respectiva parcela blindándola frente a nuevos recortes.

La solución hallada como alternativa y que se ha decidido aplicar no es otra que la de desplegar nuevos impuestos a la ciudadanía, aunque esta vez parece que no serán universales o indiscriminados, sino que afectarán con mayor concreción a quienes disponen de mayor patrimonio y alta capacidad de consumo. Los tributos comunes están demasiado estrujados.

El Govern abre la vía de nuevos ingresos con la recuperación del impuesto de patrimonio para quien dispone de más de 700.000 euros. Con él espera recaudar 29 millones de euros. Aparecen gravámenes ecológicos y el canon de saneamiento, el que se aplica sobre el consumo de agua, se incrementará en un 20%.

Los presupuestos de 2013 no son neutros. Ni la dureza de la crisis ni la consecuente dificultad por incorporar elementos de recaudación, impiden al Govern ser selectivo y salvaguardar algunas de las cosas que más le interesan desde el punto de vista de sus preferencias mediáticas o políticas. Con más paro laboral que nunca, el Soib, el servicio autonómico de empleo, conoce el efecto de las tijeras, cosa que no ocurre en cambio con IB3. Vistos los contenidos, las líneas informativas o las meras prioridades objetivas que deberían permitir distinguir entre lo superfluo y lo esencial, habrá que admitir que las bondades económicas concedidas a la radiotelevisión autonómica son un privilegio interesado. Mucho más cuando se observa que los ayuntamientos llevan camino de quedarse casi sólo con las transferencias de las que no se pueda prescindir. Evidentemente, esta es una decisión que trasciende el efecto económico. Va mucho más allá, porque afecta al concepto y a la definición de la independencia y las competencias municipales.

Los escollos no se acaban sin embargo en la casa consistorial o, mejor dicho, le pueden llegar al ciudadano por partida doble desde la administración pública que tiene más próxima porque uno de los problemas de mayor calado está en dar con los 200 millones que el Consell reclama, hasta la amenaza de devolver competencias, al Govern. El Ejecutivo Bauzá no sabe de dónde sacarlos y por tanto cómo introducirlos en los presupuestos de 2013. Es, quizás, la mayor preocupación del vicepresidente Aguiló. En el muy hipotético caso de que la institución insular llegara a devolver competencias, se agravarían en gran medida los problemas del Govern. La fontanería del PP tiene recursos para impedirlo. Otra cosa es definir si, con serenidad y sin premuras o conveniencias políticas, deben reestructurarse las funciones institucionales para evitar duplicidades y dar al ciudadano el servicio que merece sin costes ni parafernalias innecesarias.