El actual ministro de Justicia ha emprendido una serie de reformas, relativas a la Administración de Justicia, de las que entre ellas me voy a referir a la eliminación de los jueces interinos, con aumento del sueldo de los titulares con la finalidad de que sean juristas a cuyo cargo únicamente se pueda acceder por oposición y, por tanto, sea una clase cerrada. En la situación actual, desde luego no estoy de acuerdo con esta medida, tampoco lo estoy con otras muchas que desea adoptar. Hoy me referiré a los Jueces interinos, léase sustitutos, y a los del tercer y cuarto turno.
Me acuerdo que hace años en Portugal se vieron anegados de asuntos los juzgados, de tal forma que los jueces sólo acababan un tanto por ciento pequeño de los pleitos civiles que se presentaban. Yo tuve la desgracia de efectuar varias reclamaciones y desde luego se diluyeron en el tiempo. También me ha ocurrido en España.
Una reclamación en la que se debía aplicar derecho alemán, mi cliente se hizo viejo y cuando obtuve sentencia estimatoria no se lo dije, pues me daba vergüenza. Sólo le di el resultado cuando le ingresé en su cuenta el dinero que le debían.
El ministro de Justicia es un jurista. Yo, la verdad, creía que conocía la realidad judicial. Que sabía que la Justicia era la hija pobre de la Administración, pero que no ignoraba la necesidad de que los juzgados y tribunales deban poder estar al día en los procedimientos, pero por lo visto no es así.
Faltan más del doble de los jueces y magistrados existentes, pues sólo contamos con diez jueces por cada 100.000 habitantes (en Alemania hay 26), lo que nos coloca en la cola de Europa.
Ayer leí que un presidente de sala de la Audiencia Provincial de Balears ha solicitado plaza en un juzgado de instrucción, cuya categoría, en el escalafón, es inferior. Motivo: el exceso de trabajo que le hace imposible afrontarlo. Ahora si además se eliminan los jueces sustitutos en vez de aumentar el nombramiento de jueces, el caos será formidable. El que existe multiplicado por mucho, pues jueces sustitutos existen hoy en España 1.088 y magistrados 340, de un total que no excede de 5.000.
Con esta decisión mal veo el panorama de la Justicia, refiriéndome únicamente en el sentido que por ahora destaco, aunque el año pasado, según los datos que tengo, se pretendieron crear 250 unidades judiciales más, lo que no es nada (ya he dicho que precisamos unos 5.000 jueces más), teniendo en cuenta, además, que un opositor, después de haber ganado las oposiciones, precisa tres años para estar en condiciones de hacerse cargo de un juzgado.
