El Instituto Nacional de Estadística publicó el 26 de octubre la Encuesta de Población Activa correspondiente al tercer trimestre del año, en la que se informaba que la tasa de paro a nivel estatal era ya del 25%. En Balears, el dato baja hasta el 19,47%, aunque esta cifra era previsible, teniendo en cuenta que en esta época del año siempre obtenemos mejores resultados por ser temporada alta turística.

Si hacemos una comparativa del tercer trimestre de los últimos años, vemos que, en términos de tasa media acumulativa, el número de desempleados en España desde 2005 ha crecido de media un 18,46% cada año, mientras que en Balears llega hasta el 24,53%, un dato nada halagüeño.

La primera conclusión que podemos extraer de estas cifras es que la reciente reforma laboral no parece afectar positivamente al mercado de trabajo. Pero esto no representa una novedad, ya que si se analizan las reformas laborales desde la entrada en vigor del estatuto de los trabajadores en 1980, y se comparan con el comportamiento cíclico del empleo y la producción, realmente no se observan cambios sustanciales de tendencia ni puntos de inflexión que muestren repentinas generaciones de puestos de trabajo. En 2008 la crisis afectó claramente a los empleos en el sector privado, como muestra el hecho que en el segundo trimestre de ese año empezaron las tasas negativas, de las que todavía no nos hemos recuperado. En ese escenario, el sector público hacía de estabilizador automático y generaba empleos que amortiguaban la caída libre del mercado laboral. Así, desde el segundo trimestre de 2008 hasta el tercero de 2011 se crearon 279.000 puestos de trabajo público.

Pero ahora han entrado en juego los ajustes anticrisis, y desde el tercer trimestre de 2011 a 2012 se han perdido 229.000 puestos de trabajo en el sector público, a los que hay que sumar los 3,1 millones que se han destruido en el sector privado desde el segundo trimestre de 2008.

En este paisaje de destrucción de empleo se plantea una reforma laboral que facilita el despido, precariza los puestos de trabajo y privatiza la búsqueda de empleo. Es normal, entonces, que la gente se pregunte ¿qué necesidades ha pretendido cubrir esta reforma y qué perfil tiene el que precisa ayuda urgente?

En mi opinión, esta reforma cubre perfectamente las necesidades de empresas con un número importante de trabajadores o con una rotación elevada de los mismos. Pero, tomando como referencia los datos del directorio central de empresas en 2012, el 55% de las empresas en España y en las Illes Balears no tienen empleados, el 27% tienen uno o dos trabajadores, y así sucesivamente hasta llegar al 95% de nuestras empresas, que tienen menos de diez trabajadores. Por esta razón, si se quiere crear empleo no se deberían potenciar políticas propicias para grandes empresas, sino todo lo contrario, ayudar al pequeño empresario, que es el que puede generar en términos agregados un elevado número de puestos de trabajo.

¿Qué tipo de medidas pueden ser? La pequeña empresa no sólo necesita facilidad en el despido o contratos a tiempo parcial flexibles, sino que su prioridad en momentos de crisis como los actuales radica en una rebaja de costes. El pago de sueldos, seguros sociales y de las retenciones de la nómina de un trabajador son cargos que se producen cada mes. A mi entender, una rebaja de costes sociales promoverá la contratación, reducirá la economía sumergida, aumentará la recaudación y reducirá el desempleo, incentivando el consumo. Es cuestión de multiplicadores.