Parece como si las compañías aéreas y la Administración, a la par, emprendieran rutas diferentes a la de las necesidades y conveniencias de los usuarios de los aviones, estas personas tratadas muchas veces como extraterrestres pero que no son, ni más ni menos, que seres humanos con necesidad de movimiento y transporte. Porque esta es una condición natural. Sobre todo de quien habita en un territorio insular.

La única noticia a su favor que recibe estos días el usuario del transporte aéreo es la de que, en caso de hallarse en escala y perder un vuelo de enlace por culpa de la compañía, será indemnizado. No es una gracia, es un precepto que emana del Tribunal de Justicia de la Unión Europea con sede en Luxemburgo. Ya se sabe que, en contra de lo que muchas veces se intenta aparentar, entre aeropuertos y aviones nada resulta gratis o desinteresado.

Al pasajero no le queda más remedio que desarrollar unas amplias espaldas porque de cada día caen más costes y gravámenes sobre ellas. Con la incertidumbre creciente abonada sobre el descuento en el billete de los residentes insulares, ahora llega el plus de mayores tasas aeroportuarias. Según lo previsto en los Presupuestos Generales del Estado para 2013, subirán un 8,5%. Es el resultado del incremento del IPC de octubre, más 5 puntos añadidos.

Las aerolíneas ya han dejado claro que lo pagará el viajero. Ellas no. No albergan ninguna duda en este sentido. Dicen que su margen de beneficio se ha reducido al 0,6% y que no pueden acortarlo más, por tanto, es "absolutamente inevitable" que también caiga sobre las espaldas del pasajero. Resulta curioso y contradictorio: el usuario del transporte aéreo tiene cada día más dificultades para normalizar y facturar su equipaje pero, por contra, se le incrementan los gastos y las incertidumbres. Nadie está contento en el inhóspito mundo de los aeropuertos. Hasta la IATA, esa agencia internacional del transporte aéreo que debería normalizarlo todo y facilitarlo todo, se hace la víctima y dice que Europa en su conjunto paraliza el negocio con regulaciones onerosas, impuestos, capacidad insuficiente de los aeródromos y mala organización del espacio aéreo. A ello cabría añadir todavía, en el caso de España, y eso no lo dice la IATA, los aeropuertos excedentes y estériles, sin actividad, que también pagamos todos sin que ningún responsable quiera reconocer la autoría del inmenso despropósito. Las tasas que se aplican en Son Sant Joan habrán crecido un 48% entre 2010 y 2013. Se pagan también las consecuencias del incremento de costes en Barajas y El Prat mientras se consolida por otro lado un retroceso de las rutas domésticas en movimiento de aeronaves y pasajeros. El tráfico aéreo entre Mallorca y la península ha perdido un 10% de usuarios en lo que va de año.

Habrán observado también que ya ni se habla de cogestión aeroportuaria ni siquiera en estas islas que tienen déficit fiscal y aeropuertos rentables para el Estado. Pero todo se decide en Madrid, según el criterio, el punto de vista y hasta los intereses de la capital. Aquí, en el Consolat de Mar y en Son Sant Joan, sólo se acata y obedecen las conveniencias de otros. El pasajero ya tiene por asumido que, a la incomodidad de viajar por necesidad, debe sumar el apaleamiento económico de una Administración insensible y aprovechada hasta de lo inevitable.