Desde algunos sectores de la izquierda, y especialmente desde los partidos que ahora forman la oposición política, se ha querido transmitir la idea de que hay otras alternativas al control del déficit para salir de la crisis. Nos dicen que los esfuerzos por controlar el déficit son inútiles y que las políticas de austeridad aplicadas nos están haciendo más pobres.
En realidad, no es que ahora seamos más pobres que antes. En todo caso, lo que ha pasado es que ahora nos hemos dado cuenta de lo pobres que somos. El problema, concretamente en las administraciones públicas, y también en el sector privado, es que nos acostumbramos a funcionar acudiendo de forma ilimitada al endeudamiento, pensando que el grifo de la financiación bancaria nunca cesaría. Se gastó e invirtió de forma desmesurada en cuestiones innecesarias, sin detenerse a pensar cómo se pagarían. Se consolidó, por tanto, una estructura de gasto en todas las administraciones públicas que se mantenía a base de aumentar la deuda, pero que ahora es insostenible con el actual nivel de ingresos.
Bastan un par de datos para hacernos cargo de la delicada situación que vive nuestro país. España cerró el año 2011 con un déficit del 8,9% del PIB, un total de 93.000 millones de euros. Se gastaron, por tanto, 93.000 millones de euros más de los que se ingresaron. Esto implica que España ha tenido que acudir a los mercados financieros para intentar que le presten estos 93.000 millones de euros para, como mínimo, pagar a todo el mundo y evitar la suspensión de pagos.
El segundo dato que conviene comentar es que la deuda pública cerró el año 2011 en 734.961 millones de euros, lo que representa el 68,5% del PIB, el nivel más alto de toda la serie histórica que comenzó en el año 1995. Un porcentaje que incumple en 8,5 puntos el tope fijado por el Pacto de estabilidad y crecimiento de la Unión Europea.
Teniendo en cuenta que la media de la deuda pública en la zona euro es del 87,4% del PIB, nuestro nivel sería asumible si no fuera porque este nivel de endeudamiento viene acompañado, año tras año, por un déficit público colosal. Con un déficit de 93.000 millones de euros, nuestra dependencia de los mercados financieros se hace excesiva. Es decir, necesitamos una financiación externa muy fuerte que nos resta margen de maniobra.
En la economía doméstica pasa exactamente lo mismo. Cuando prestamos dinero a alguien y vemos como éste sigue gastando más de lo que ingresa y necesita, por tanto, recurrir a más endeudamiento para seguir con el mismo nivel de gasto, empezamos a tener serias dudas de que éste nos pueda devolver lo que nos debe. Y dejamos de prestarle.
Esto es precisamente lo que pasa, a otro nivel, con España. Y por esto, sube la prima de riesgo y por eso tenemos problemas para financiarnos. Y cuanto mayor es el déficit, menos credibilidad tenemos y más difícil es el acceso a la financiación y ésta se consigue a mayor tipo de interés. Así, si en 2012 hemos tenido que hacer frente a 30.000 millones de euros sólo en intereses de la deuda, en 2013 se prevé que ya serán casi 40.000 millones. Un dinero que forzosamente se tiene que detraer de otras partidas del presupuesto.
No es inocuo tener más o menos déficit. Es muy importante, vital, reducirlo. En ello nos jugamos nuestra propia viabilidad como país. Y es muy importante reducir el déficit cuanto antes, pues no podemos seguir endeudándonos con una prima de riesgo tan elevada como la que ahora soportamos. Y si no nos podemos financiar con cierta normalidad, España entrará en quiebra y ello sí que supondría el empobrecimiento extremo de todos nosotros. De aquí que en la conferencia de presidentes autonómicos celebrada el pasado martes, 2 de octubre, todas las autonomías se hayan mostrado decididas a corresponsabilizarse en la corrección del déficit. Único camino posible para la salida a la crisis y a la reactivación económica.
Por este motivo el Gobierno de Mariano Rajoy ha tenido que tomar una serie de medidas que, en condiciones normales, no las hubiera tomado nunca. Unas decisiones contrarias a los principios del Partido Popular, en contra de lo que se había prometido y en contra de su programa electoral. Y se ha hecho por responsabilidad, porque son unas medidas imprescindibles para reconducir la situación de déficit y de descontrol de las cuentas públicas.
Ante la gravísima situación actual, el primer objetivo tiene que ser, por tanto, el control del déficit. No como un objetivo en sí mismo, sino como medio necesario para hacer viable nuestro estado de bienestar. Es fundamental poder reducir nuestra dependencia de los mercados financieros y recuperar la normalidad, de manera que España se pueda financiar con normalidad. El final del túnel, por tanto, es que España sea un país viable. Una vez conseguido esto, sin duda, empezaremos a crecer y a crear puestos de trabajo.
Las medidas llevadas a cabo por Mariano Rajoy van en este sentido y son de carácter extraordinario para hacer frente a unas circunstancias extraordinarias en las que está en juego la propia supervivencia del país. Son medidas duras que suponen sacrificios importantes para los ciudadanos pero que de no aplicarse, las consecuencias serían aún peores. Entre lo malo y lo peor, el Gobierno ha escogido lo malo.
