Lo absurdo se define como lo contrario a lo lógico. Por esta razón cabe calificar a nuestra isla como el imperio de lo absurdo. No porque lo sean sus habitantes sino porque muy a menudo demuestran serlo sus gobernantes. Dudo que exista otro lugar en la geografía mundial donde se puedan localizar tantos hechos extravagantes por kilómetro cuadrado. Recordemos algunos: una UIB localizada a kilómetros lejos de donde viven sus usuarios; un metro enormemente deficitario de una sola línea que costea la gran mayoría que no puede usarlo; un parque de las estaciones construido dos veces cuyo feo diseño „las ventilaciones„ es esclavo de un subsuelo diseñado para trenes diesel que será utilizado por trenes eléctricos; un Palma Arena que no se sabe para qué fue „corrupción aparte„ concebido; un Palacio de Congresos y un hotel inacabados y tapiados emprendidos sin la más mínima seguridad „créditos, avales„ de su finalización; una maqueta de una ópera de un millón de euros que dormita en algún almacén; un solar público de Can Domenge vendido por el Consell por la mitad de su valor; un edificio de Gesa, también tapiado, a la espera de que en el valle de Josafat se le adjudique uso; un servicio público de ferrocarril con dos gerentes, uno del PSOE y otro del PSM; un museo construido en suelo público con dinero público al servicio de un señor privado; unas instituciones educativas públicas donde no se puede escolarizar a los niños en la lengua oficial del Estado; unas empresas públicas „Emaya„ donde los chóferes cobran más que los consellers para tranquilidad social de los rectores municipales „y que pagamos con tarifas elevadísimas„; un Consell de Mallorca presidido a lo largo de muchísimos años por el partido menos votado de Mallorca; etc. No se necesita mucha imaginación para atribuir la sinrazón de lo absurdo a la corrupción.
Hace más de veinte años que, ante el panorama de la ausencia de tratamiento de las basuras „un vertedero de Son Reus ubicado en tiempos de la dictadura sobre terrenos permeables y un sin número de vertederos sin las más mínimas condiciones de salubridad repartidos por toda la isla„ se decidió, en buena lógica ambiental, centralizar y dar tratamiento al conjunto de las producidas en la isla. Se pensó que una solución adecuada del problema, era reciclar lo que se pudiera, y utilizar el resto como combustible para producir electricidad, que se vendería a Gesa y, así, recuperar parte del coste del tratamiento. Creo que el documento oficial que contemplaba este tratamiento se denominaba Plan de gestión de residuos sólidos urbanos y lo impulsaba el Consell Insular de Mallorca. Se adjudicó el tratamiento a la empresa Tirme en el año 1992 y se amplió el contrato en 2001. Los accionistas de la empresa eran: Urbaser, Endesa, Gesa, Iberdrola y FCC. El coste de todo el proceso, que recaía obviamente sobre los ciudadanos, se dividía entre el coste de la recogida „84,42 euros anuales„, que en Palma se cobra con el recibo del agua y el coste del tratamiento „122,59 euros anuales, una barbaridad„, que también nos cobra cada ayuntamiento por cuenta del Consell. El proyecto, apoyado por PP, UM y PSOE, fue contestado por los ecologistas, contrarios a la incineración por la posible contaminación, pero sin una alternativa realista.
Existe una secuencia lógica que justifica todo el proceso. Puesto que producíamos basura y no sabíamos qué hacer con ella, teníamos un grave problema pues la basura es contaminante. ¿Cómo se resolvía? Reciclando e incinerando, produciendo vapor e impulsando unas turbinas que a su vez mueven unos generadores que producen la electricidad. Aunque recuperemos energía, los ingresos por su venta en forma de electricidad son muy inferiores al costo de la incineración, que es la suma del coste del personal, más el mantenimiento, más el coste de la amortización de las instalaciones, más el coste financiero, más el beneficio empresarial. Es por eso que el coste y, por tanto la tarifa, son tan elevados. Ahora nos dicen los responsables políticos del Consell que, para evitar que la factura del tratamiento se encarezca mucho más, tenemos que importar basura del exterior, la nuestra es insuficiente. Primero se decía que de Italia „Nápoles„, luego, debido a que al parecer se ha relacionado al interlocutor italiano con la Camorra o la Mafia, se propone traer la basura de lugares más lejanos, no sé si Alemania o Suecia.
Que quieran importar basura sólo puede sustentarse en una explicación: que se han desarrollado unas instalaciones sobredimensionadas respecto al volumen de basura incinerable recogida. Y que el contrato firmado con Tirme debe contener unas cláusulas de mínimos de tonelaje anual de basura que no se cumplen. Convendría que conociéramos quiénes son los responsables de esta pésima y costosísima gestión, que nos induce a la sospecha sobre todos ellos. Y que puede conducir al que no será el último de los absurdos. En efecto, siguiendo con la lógica, es imposible „sin cuestionar todo lo hecho„ justificar que, habiendo reconocido que el tratamiento de la basura era carísimo, ahora pretendan convencernos de que la solución es aumentarla, importarla del extranjero. Como si la solución de un problema fuera crear un problema más grande; como si el remedio a la deuda fuera endeudarse, o el de una inundación, un diluvio, o el de una indigestión, zamparse una lechona con patatas. Para eso, si es la basura un bien tan valioso, sobran instalaciones de tratamiento, incineradoras, turbinas y alternadores. Nos dedicamos a exportarla, eliminando tanto coste y, de paso, contribuimos a la mejora de la balanza de pagos. Huele fatal.
