Tener la mirada fija sobre los balances, sin ni siquiera alzar la vista hacia la ventana y hacerlo sin salir del despacho o siempre blindado por un exceso de protección policial, es el mejor camino, no sólo para consolidar una imagen distorsionada de la realidad, sino para crearse un mundo artificial. Porque, con ser muy importantes, en esta vida y también en la función y el servicio público, importan muchas otras cosas antes que los números y los resultados económicos. Las personas, sus necesidades, inquietudes y aspiraciones, sin ir más lejos.

Lo decimos porque vemos al Govern impermeabilizado de sensibilidad frente a sus administrados, esos mismos que el próximo año recibirán sólo 70 euros per cápita del Estado frente a los más de 200 que perciben de media el resto de españoles. Ahora, siguiendo los planes ya avanzados, el Ejecutivo preparara una nueva reducción de las plantillas de funcionarios interinos de las consellerias. Tras los empleados de las empresas públicas y los docentes, ha llegado su turno. Salvaguardando la necesidad de establecer racionalidad, criterio y sentido práctico, lo que llama la atención son los instrumentos que está desplegando el Ejecutivo autonómico para llevar adelante sus planes. Lo hace con el desacierto de levantar dudas y sospechas, porque mira más a la comodidad y conveniencia, quizás política, de los ejecutores, que a la transparencia y difusión de cuanto realiza en el campo laboral. ¿Si tan convencido está de obrar correctamente, a qué o a quiénes teme el Govern?

Le molesta la protesta y la contestación, sea en la calle o en sede parlamentaria. Por eso calle y actúa. La dirección general de la Función Pública ha pedido a todas las consellerias el listado de los funcionarios interinos susceptibles de ser despedidos. Son, en su mayoría, trabajadores adscritos a servicios generales. No hay cifras, pero los sindicatos calculan que el despido puede acabar afectando a unas 300 personas. A diferencia de lo que ocurrió con las empresas públicas, que casi siempre contrataban de forma directa, ahora son personas que han pasado algún tipo de proceso selectivo para alcanzar el puesto de trabajo que ahora se les extingue. El Govern volverá a aferrarse a la amortización de las plazas para, de este modo, no pagar indemnizaciones o, cuando menos, ganar tiempo a la espera de que los tribunales fallen, presumiblemente, en su contra. Los cargos de confianza „recuerden los casos del Ib-Salut„ están mejor posicionados en este sentido.

El Govern falla en transparencia y abusa en oscurantismo y comodidad. Tiene la obligación de dar cuenta pública de lo que hace con sus trabajadores y hasta de cómo y en concepto de qué les paga y contrata. Por si quedara alguna duda de ello, basta mirar esa sentencia, conocida ahora, a partir de una demanda del Stei al Ejecutivo Antich, que obliga a desvelar quién cobra y en basa a qué, los pluses de productividad. No vale ampararse en la Ley de Protección de Datos para evitarlo, prevalece el sentido y la función propia de lo público. Además, no hacerlo invita a pesar en enchufismos y servilismos políticos, en cotos privados dentro de la Administración. Y eso es insano.