Las crisis financieras son costosas, pero como lo son y lo han sido siempre los procesos de reconversión de todos los sectores económicos. En la siderurgia, la minería, los astilleros, el textil y otros ámbitos de actividad que precisaron saneamientos cuantiosos por haber incurrido en excesos de capacidad o en graves pérdidas de competitividad los ajustes sólo se pudieron afrontar con ingentes recursos públicos.

La anterior gran crisis bancaria española (la de 1977-1985) supuso un coste de 8.414 millones de euros para el erario público y de 2.045 millones para el sector privado. En el caso de Banesto (1993) el coste final fue de 1.157 millones, que sufragaron a partes iguales la banca privada y el Banco de España.

Las experiencias internacionales de los rescates y de los ´bancos malos´ son diversas y hay antecedentes en los que los Estados ganaron dinero con los saneamientos de sus sistemas financieros (EE UU recuperó con beneficios en 2010 los 700.000 millones que inyectó a la banca en 2008) y hay ejemplos de todo lo contrario: la intervención y liquidación de un millar de bancos en EE UU entre 1985 y 1996 generó unas pérdidas para los contribuyentes equivalentes a 92.744 millones de euros al cambio actual.

Que del actual proceso de recapitalización, saneamiento y reestructuración bancaria española emanen ganancias o pérdidas para los contribuyentes va a depender de muchos factores pendientes de precisar.

El primero es el criterio „aún no conocido„ que se utilizará para valorar el precio de los activos deteriorados de los bancos de los que se va a hacer cargo la llamada Sociedad Gestión de Activos (SGA) o ´banco malo´. Cuando más baja sea la tasación, mayores posibilidades tendrá la SGA para generar beneficios revendiendo esos activos „suelo, promociones inmobiliarias y viviendas„ cuando el mercado se recupere. La SGA dispondrá de 10 a 15 años para enajenar esos activos, en la confianza de que en ese plazo se haya recuperado el mercado y los precios para que obtenga ganancias.

Pero una tasación muy estricta de tales activos (precios inferiores a las tasaciones a las que los bancos los tengan valorados en libros) generará pérdidas para las entidades, lo que repercutirá de uno u otro modo sobre los accionistas con el cobro de menores dividendos, los empleados con la percepción de menores remuneraciones y los clientes con la imposición de más comisiones. A la inversa, una estimación menos exigente aliviará a los bancos que transfieran activos pero dejará menor margen al ´banco malo´ para obtener ganancias en el futuro.

Además, la UE exige en el Memorándum de Entendimiento que las entidades que precisen ayudas hagan recaer parte de esa carga sobre el capital privado: los titulares de acciones, deuda subordinada, participaciones preferentes y otros productos híbridos de capital. Todo ello (cuya cuantía aún no se conoce) reducirá los costes que pudieran dimanar del saneamiento para el Estado.

El estatal Fondo de Reestructuración -Ordenada Bancaria (FROB) recibirá capital europeo (hasta un máximo de 100.000 millones) para sanear directamente a las instituciones financieras que lo precisen y para dotar al ´banco malo´. Por el préstamo que reciba de los fondos europeos de rescate el FROB pagará en torno al 3% de interés pero cobrará a la banca por esos mismos recursos el 8% cuando se los inyecte a las entidades financieras mediante bonos convertibles contingentes ("cocos"). Por consiguiente, debería ganar 5 puntos en sus préstamos a las entidades privadas. Pero si éstas no fuesen capaces de generar recursos para devolver el préstamo y para pagar sus intereses, el FROB convertirá los "cocos" en acciones del banco y procederá a su nacionalización parcial o total y a su posterior subasta. El precio de adjudicación de la entidad a su futuro propietario determinará si el FROB gana o pierde dinero.

En el caso del ´banco malo´, el FROB tendrá el 49% del capital. El resto se pretende que lo suscriban bancos, fondos y otros inversores nacionales y extranjeros. El FROB (los contribuyentes españoles) asumirá la parte alícuota de los beneficios o pérdidas que genere la Sociedad de Gestión de Activos en los próximos 10 ó 15 años. Pero si España logra que el préstamo europeo a la banca no pase por el Estado, el riesgo de ganar o perder con el "banco malo" lo asumirán no los españoles sino todos los contribuyentes europeos.