Se ha conocido esta semana que Nuclenor, empresa propietaria de Garoña, constituida por Endesa e Iberdrola al 50%, no ha solicitado en plazo la renovación de la explotación de la planta nuclear a la espera de que se aclare la "incertidumbre regulatoria" del sector. En otras palabras, las compañías eléctricas no quieren emprender la actualización que requeriría la central para adaptarse a los requerimientos que exigirá sin duda el Consejo de Seguridad Nuclear, que costaría unos 120 millones de euros, hasta que se aclare la posición de la generación nuclear en la reforma del sector eléctrico que prepara el Gobierno. El primer borrador del nuevo esquema energético, filtrado por el Ejecutivo a manera de globo sonda, incluía una tasa a la generación nuclear del 4% y otro gravamen especial por la generación de residuos radiactivos de 10 euros por megawatio; medidas que "podrían poner en duda la viabilidad económica de la planta", según Nuclenor.

Como es conocido, el anterior gobierno decidió la clausura de Garoña el 6 de julio de 2013, pero la crisis económica aconseja más rigor en la gestión de los recursos energéticos disponibles y este gobierno revocó la orden de cierre, por lo que cabía su prórroga hasta 2019. Todo indica que el asunto no está zanjado ya que aún podría haber acuerdo; de todos modos, la pelota está en el tejado del ministro Soria y parecería sencillamente absurdo que, pudiendo evitarse, se cierre una fuente ya amortizada de generación nuclear, que es con diferencia la más barata, que aporta cada año al mercado eléctrico 3.750 Gwh. Evidentemente, el cierre de Garoña obligaría a producir esa electricidad recurriendo a fuentes de generación más caras. Según las compañías eléctricas, ello tendría una repercusión del 4% en el recibo de la luz.

El Gobierno tiene que resolver un complicado rompecabezas para aclarar el caos del sector eléctrico, sobrecargado por un demencial déficit tarifario y cuya liberalización fue un verdadero fiasco. Hay que mantener las renovables, que son el futuro, estimulando el desarrollo tecnológico y preservando en lo posible la seguridad jurídica de los concesionarios, pero sobre todo hay que luchar por la competitividad de nuestra industria, que requiere energía a precios asequibles. En la actual coyuntura, prescindir de las nucleares en funcionamiento y en adecuadas condiciones de seguridad resultaría intolerable, por lo que el Gobierno debe despejar de inmediato las incógnitas que mantiene. Pero, además, España debería planificar su desarrollo energético a medio y largo plazo, dada la situación preocupante de los mercados de crudo y de gas y la necesidad de incrementar la autosuficiencia, tan escasa en la actualidad. No sería en absoluto descabellado que se comenzara a manejar la idea de construir nuevas centrales nucleares de última generación „como ya hacen varios países europeos„, más pequeñas, ágiles y seguras que sus precedentes, considerablemente más baratas y más sencillas de financiar e implementar. Pero antes habrá que hacer pedagogía para liberar las mentes de un acrítico rechazo a todo lo nuclear: la superstición no debe impedirnos el progreso. En todo caso, deberemos convencernos de que sin energía a precios relativamente bajos, que nos permitan altas cotas de productividad, este país, que ya no podrá vivir más del ladrillo, no levantará cabeza.