06 de septiembre de 2012
06.09.2012

Mujeres vejadas ante la mezquita

06.09.2012 | 08:30
Mujeres vejadas ante la mezquita
La actuación de un grupo de musulmanes de la mezquita situada en la plaza de Pere Garau, es un nítido ejemplo de extorsión, al que ha sucumbido la empresa concesionaria de la ORA. Los islamistas han increpado y vejado a las agentes encargadas del servicio hasta conseguir que la empresa las sustituya por hombres. Los extorsionadores no podían consentir que unas mujeres trabajaran frente a la mezquita. No sé si la actuación de la empresa concesionaria incumple la ley. Deseo fervientemente que así sea y que se requieran responsabilidades a quienes se han sometido al chantaje. Sí sé que se ha vulnerado la Constitución española y la Declaración Universal de los Derechos Humanos; el papel, casi siempre mojado, que establece que nadie puede ser discriminado por razón de sexo, raza o religión.
El Ayuntamiento de Palma, al que la empresa concesionaria no informó sobre lo ocurrido, está actuando pero lo hace de forma pusilánime, intentando incluso una mediación. No hay mediación posible. Cort simplemente ha de hacer respetar la legalidad; para lograrlo, las mediaciones sobran. Qué suerte de mediación se ha de establecer con quienes quiebran la legalidad y atentan con violencia contra la dignidad de las personas. El Ayuntamiento de Palma ha de limitar su actuación a demandar a la empresa concesionaria que rectifique su impresentable e indecente decisión reponiendo a las agentes de la ORA en sus lugares de trabajo; si éstas han de ir acompañadas de policías tendrán que hacerlo; además, debe poner en marcha la investigación que permita detener a los autores de las extorsiones. No hay mediación posible con tales sujetos.

Parece que las organizaciones feministas han remitido un tibio comunicado de protesta. Los decibelios de la misma son muchos menos que los que acostumbran a emitir cuando se dan situaciones de discriminación en otros ámbitos. Será que el asunto de la inmigración musulmana les incomoda, porque no saben cómo encararlo cuando se tocan aspectos que atañen a su cultura y costumbres. ¿Es aceptable para las feministas una cultura o unas costumbres que vetan a las mujeres ejercer en igualdad con los hombres un trabajo en las puertas o cercanías de una mezquita? A los que no se ha oído, o si han hablado ha sido en voz tan baja que no he podido escucharlos, es a los colectivos musulmanes, los mismos que, cuando vienen mal dadas, se apresuran a afirmar que hay que acatar las leyes españolas. ¿No tienen opinión sobre el caso los responsables de las mezquitas de Mallorca? ¿Consideran que hay que impedir a las mujeres trabajar en los alrededores de sus mezquitas como agentes de la ORA o cualquier otra actividad profesional?
Otra pregunta: ¿dónde anda la Fiscalía? Cuando se perpetra un delito actúa de oficio si no hay denuncia de por medio. Tal vez aguarda a la extemporánea y chocante mediación del Ayuntamiento o a que éste decida interponer la correspondiente denuncia, que, si hay mediación, es harto improbable que se formule, cosa que es su obligación, como lo es de la empresa concesionaria, quien de inmediato debería haber puesto el asunto tanto en conocimiento de Cort como del juzgado de guardia correspondiente.
Quienes han venido aquí, acompañados de una cultura y costumbres que chocan frontalmente con lo establecido en la Constitución española y el Derecho de la Unión Europea no pueden pretender que sigan vigentes; si sus costumbres especifican que una mujer no puede trabajar públicamente en las inmediaciones de una mezquita, no tienen más alternativa que la de aguantarse o, si les resulta intolerable, cerrarla. No cabe otra solución, porque la que no se les aceptará, espero, es lo decidido por la empresa concesionaria.
Es exactamente lo que se ven obligados a hacer, y en condiciones, esas sí, muchas veces lesivas, quienes se trasladan a ciertos países musulmanes, en los que los preceptos islámicos son ley de obligado cumplimiento: desde que las mujeres deban cubrirse la cabeza a otras prescripciones que han de seguirse a rajatabla. Lo que en ellos se ven concernidos a asumir quienes no profesan la fe islámica, no obtiene en Europa la imprescindible reciprocidad. Aquí hay quien requiere que se asuma sin más el llamémosle peculiar acervo cultural y religioso, y hacerlo extensivo a la vía pública, porque, además de la extorsión violenta a las agentes de la ORA, ¿qué clase de pretensión es la de que unas mujeres no puedan trabajar en la acera en la que se halla una mezquita?

Lo de la plaza Pere Garau ha sido extorsión; combatirla con contundencia no es impedir que los musulmanes practiquen libremente su religión o atentar contra sus creencias. Las suyas y las de cualquiera se han de subordinar, en el ámbito público, a lo establecido en las leyes. No son pocas las veces que determinados sectores no lo quieren entender y esgrimen razones, como la de la discriminación, para sortearlas. La debilidad de las autoridades ha hecho que lo consigan. No puede ser el caso de las agentes de la ORA. Aquí los límites han sido ampliamente sobrepasados, entrando de lleno en el campo del delito. Alcalde Isern: no hay mediación posible, sino restaurar la legalidad y salvaguardar la dignidad de las personas violentadas por unos indeseables.

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