UPyD ha obtenido un éxito objetivo al haber logrado que la Audiencia Nacional admitiese a trámite una querella criminal contra los 33 consejeros de Bankia, por presuntos delitos económicos en la salida a bolsa del 20 de julio del año pasado. Como es sabido, la institución no se encontraba en la situación relativamente brillante que el folleto aprobado por la CNMV manifestaba: las cuentas del año 2012 no arrojaron los 309 millones de euros de beneficios que declaró el equipo presidido por Rodrigo Rato, como bien señaló esta vez el auditor Deloitte, que se negó a avalar semejante resultado, sino que en realidad Bankia obtuvo unas pérdidas cercanas a los 3.000 millones de euros; consecuentemente, quienes acudían a la emisión de acciones estaban siendo simplemente estafados.

La conducción de este desastre ha sido descabellada en varios planos: cuando el Gobierno decidió aplicar la cirugía a primeros de mayo, descabalgar a Rato y nombrar al frente de la entidad a Goirigolzarri, hubo que revisar las cifras de la entidad, que finalmente, después de varias rectificaciones siempre al alza, acabó necesitando 23.400 millones de euros para recapitalizarse. Lógicamente, la reacción de la opinión pública fue de estupor, primero, y de creciente irritación, después, y se levantó una exigencia de explicaciones, que requería la rápida creación de una comisión de investigación en el Congreso de los Diputados. Pero ninguno de los dos grandes partidos se sumó a la demanda sino al contrario: ni el PP ni el PSOE vieron con buenos ojos abrir las ventanas para que se hiciera luz sobre la siniestra evolución de Bankia en los últimos años y hasta el desastre final. Como subterfugio, se pidieron "comparecencias", que habían de tener lugar en la subcomisión del FROB, que se celebra a puerta cerrada. PP y PSOE transmitieron la inequívoca impresión de que se tapaban las vergüenzas el uno al otro.

Tampoco el ministerio público, todavía muy mediatizado por el poder ejecutivo, actuó con la debida diligencia: la fiscalía anticorrupción inició indagaciones hace aproximadamente un mes. En definitiva, ha tenido que ser el pequeño partido bisagra articulado en torno a Rosa Díez el que ha satisfecho la demanda social al requerir expeditivamente claridad y responsabilidades.

No es extraño que las encuestas señalen la decadencia de los dos grandes partidos en términos de intención de voto, mientras ascienden UPyD e IU, las dos minorías más activas del Parlamento. IU, lastrada por rémoras evidentes, no sabe aprovechar del todo la ocasión pero sí UPyD, que poco a poco vence bastantes de los recelos que su propio oportunismo suscita.

Si PP y PSOE no reaccionan y comienzan a ofrecer a la ciudadanía respuestas articuladas, inteligentes, esperanzadoras, cada uno en su papel, es previsible que no sólo se seguirán fortaleciendo las actuales minorías parlamentarias sino que aparecerán otras nuevas. El movimiento del 15M está latente y podría reavivarse en cualquier momento; y en el otro lado del espectro, un cierto populismo conservador —Mario Conde, Aleix Vidal-Quadras, etc.— podría pasar a disputar al PP la hegemonía en ese hemisferio. En definitiva, si la crisis no recibe una respuesta contundente y eficaz del bipartidismo imperfecto que tenemos instalado y que ha dado buenos frutos hasta ahora, la sociedad buscará por otras vías los aliviaderos de sus problemas y la representación más cabal de sus aspiraciones y de su voluntad.