El Gobierno tiene ya preparada su estrategia para convencer a Bruselas –es decir, a Berlín– de la imposibilidad de cumplir este año el objetivo de déficit del 4,4% del PIB, que fue planteado cuando las previsiones de crecimiento para España en 2012 anunciaban una clara remontada, que infelizmente no se ha producido. Ya es conocido que el PIB español decreció un 0,3% durante el cuarto trimestre de 2011, y hoy mismo la Comisión presentará sus previsiones para nuestro país, que sin duda serán más negras que las que publicó en octubre: entonces se preveía que el PIB español crecería el 0,7% este año; muy probablemente, Bruselas confirmará que España está de nuevo en recesión, con un crecimiento negativo que no se alejará mucho de las previsiones del Banco de España (-1,5%) y del FMI (-1,7%). En estas circunstancias, tiene todo el sentido que España fuerce una reconsideración de los objetivos, y por lo tanto un aplazamiento del límite en que debe regresar al cumplimiento del Pacto de Estabilidad y Crecimiento, que se había fijado en 2013 y que deberá retrasarse uno o dos años más, como por cierto reclamaba el candidato Rubalcaba en la campaña electoral previa al 20-N. El Gobierno ha filtrado que su pretensión es concluir el actual ejercicio con un déficit que supere algunas décimas el 5% del PIB.

Como es conocido, el pasado martes, España y otros once países de la Unión, entre los que no están ni Alemania ni Francia, remitieron una carta a los presidentes del Consejo Europeo, van Rompuy, y de la Comisión, Barroso, en la que, tras reafirmar su compromiso con la estabilidad presupuestaria, avisaban de que la crisis actual es "de crecimiento económico", por lo que planteaban un programa de ocho medidas de estímulo encaminadas a generar una reactivación. El escrito había sido auspiciado por el italiano Mario Monti, con gran prestigio en Bruselas, quien ha defendido la tesis de que si cambia, como ha cambiado, la coyuntura, Italia no intensificará el ajuste sino que tendrá que resignarse a concluirlo más tarde de lo inicialmente previsto. Lógicamente, a España la interesa que prospere esta tesis.

El tiempo apremia, y Rajoy y De Guindos se han dado un plazo de diez días para convencer al presidente Barroso y al comisario de Asuntos Económicos, Olli Rhen, respectivamente, de tales designios. A primeros de marzo, España deberá presentar a Bruselas el techo de gasto, que lógicamente dependerá de la aceptación o no de dicha revisión. Si se acepta, los Presupuestos, que serían enviados al Congreso a finales de marzo, deberían incluir un nuevo ajuste de unos 15.000 millones de euros (1,5% del PIB aprox.), que, sumados al ya efectuado por la misma cuantía, representarían el recorte del 3% que rebajaría el déficit del entorno del 8% al entorno del 5%.

Si estas estas especulaciones van a buen puerto, España podrá ya centrar todas sus energías en estimular el crecimiento para que la economía retorne cuanto antes a números verdes. Con la esperanza de que las reformas estructurales, que acentúan la productividad, permitan que se cree empleo con tasas bajas de crecimiento del PIB, en todo caso inferiores a las que se requerían cuando era la construcción el motor del desarrollo.