La crisis económica enquistada sobre la más cruenta realidad española ha provocado, entre otras muchas cosas, que la imposibilidad material de afrontar las cuotas de las hipotecas contraídas por adquisición de viviendas se haya ido convirtiendo de forma progresiva en un verdadero drama para muchas familias. Es un problema acuciante que sobrepasa el ámbito doméstico o familiar para acabar transformándose en una cuestión de repercusión y hasta contestación social. Ya ha quedado grabada en la retina de todos la imagen de colectivos, tanto organizados como fortuitos, intentando in extremis evitar algún deshaucio. Se calcula que la imposibilidad de afrontar el pago de las hipotecas puede quitar el sueño en estos momentos a 150.000 españoles.

A partir de una pregunta del diputado de Iniciativa per Catalunya-Verds, Joan Coscubiela, hemos podido saber cuales son los planes del Gobierno para afrontar esta acuciante problemática, tan económica como social. El ministro de Economía, Luis de Guindos, ha adelantado en el Congreso que la vicepresidenta Sáenz de Santamaría coordina una negociación con la banca española en busca de un código de buenas prácticas que, para que lo entendamos, significa un compromiso para dejar de aplicar intereses "algunas veces claramente abusivos", el reconocimiento de la responsabilidad crediticia en la expansión hipotecaria y también algo de sensibilidad y una pizca de generosidad. Pero, que queda claro, el Gobierno negocia y habla con la banca. No le estampa un decreto ley como a los trabajadores asalariados. Perduran las clases y las proporciones en cuanto a capacidad de influencia y resortes de exigencia.

De todos modos, desde el punto de vista práctico a medio plazo y hasta donde se sabe, lo más llamativo de la cuestión es que este código de comportamiento que pretende poner freno a los casi siempre irrefrenables excesos de la gran banca, contempla por primera vez la dación en pago entendida como el canje de la hipoteca con la entrega del inmueble para quienes sólo dispongan de una vivienda como único bien en propiedad. En compensación, si las entidades de crédito aceptan la propuesta, el Gobierno introducirá beneficios fiscales para suavizar los deshaucios. Está abierto a incluir las demoras en el cobro como gastos fiscalmente deducibles de las pérdidas.

La patronal bancaria no ha saltado de alegría al conocer estas iniciativas. En principio las rechaza, sobre todo si deben tener efecto retroactivo, pero está dispuesta a hacer una excepción temporal y admitirlas a modo de comportamiento "voluntario por razones humanitarias" y eso que el Ejecutivo de Rajoy parece haberlas limitado prácticamente para quienes están en el umbral de la pobreza. Están pensadas para los compradores de primera vivienda, con todos los miembros de la unidad familiar en paro y sin rentas adicionales. El Gobierno lanza el mensaje de que es necesario que el otorgante de la hipoteca asuma también parte del riesgo por sus tasaciones al alza y el exceso de generosidad en los tiempos del boom inmobiliario. Por eso habla también de establecer plazos de demora de dos años y abrir la posibilidad de alquiler al deudor una vez que se hayan agotado las prórrogas. Las medidas que se avecinan son parciales pero pueden amortiguar el efecto de la situación actual.