Se apaga la luz de la gestión docente

Las dificultades económicas obligan por necesidad a establecer prioridades. Cuando uno no puede pagar y le aprietan las facturas, por el motivo que sea, no le queda más remedio que poner un cierto orden, distinguir lo imprescindible de lo superfluo y actuar en consecuencia. Es lo que hace en su casa quien está dotado con dos dedos de sentido común y, en el orden público, una Administración con sentido de la responsabilidad y elemental visión para distinguir el grano de la paja.

Transcurridos siete meses desde su toma de posesión, por esta vía hemos aprendido cuáles son las preferencias y qué número calza el Govern Bauzá. Todo apuntaba a que la manutención y la infraestructura de la enseñanza primaria y secundaria, no le pone de los nervios ni le quita el sueño. Se lo quitará en todo caso a profesores, padres y hasta alumnos, pero a la conselleria de Educación, no. De lo contrario, no toleraría que, poco a poco, como quien no quiere la cosa pero la hace efectiva, se fuera apagando la misma luz que alumbra el estudio en los centros públicos, lo cual viene a ser lo mismo que privar de energía a la gestión docente de esta Comunidad que ya lidera las listas del paro de toda España y no sabe ver en la enseñanza académica y la formación profesional, un potencial corrector de tan alarmante déficit. Para inversores y hoteleros, lo que quieran, manga ancha. Los colegios públicos, en cambio, a aguantar y resistir. Este es el diáfano mensaje que transmite, más de forma pasiva que activa, el Govern Bauzá.

Hasta hace poco, los institutos de secundaria impartían clases magistrales, y sobre todo prácticas, de ahorro. Apagaban la mitad de los fluorescentes de las clases, limitaban la calefacción a horas puntuales y economizaban el papel de las fotocopiadoras. Ahora ya, seguir haciéndolo, sólo tiene efecto testimonial, porque Educación no transfiere fondos económicos y los institutos, directamente, ni pagan ni saben cuándo podrán abonar las facturas que se les acumulan. Las de electricidad y teléfono se llevan la palma. Lo confirman tanto los propios institutos como las compañías suministradoras. Hay quien se ha presentado en la Conselleria factura en mano y le han aconsejado un ejercicio de resistencia. Aguanta, espera. Esta ha sido la consigna recibida.

Educación sabe que, por mucho amparo legal que les asista, Endesa o Movistar difícilmente cortarán la luz o el teléfono a un centro de enseñanza público. Y juega con eso, importándole poco si la situación está causando mella, nada positiva, por supuesto, en el personal docente. La asociación de directores, que reúne a 40 de los 53 institutos de secundaria, ha convocado una reunión para hoy al objeto de analizar la situación y fijar una posición unitaria.

Cuando uno, en su casa, deja de pagar la luz y el teléfono y no se compromete a liquidar en un plazo inmediato, significa que ha tocado fondo y ha dañado los cimientos de su estructura doméstica. ¿Podemos aplicar la misma regla a la actual gestión educativa de Balears? Por lo menos sabemos que no figura entre las prioridades de un Govern que, pese a los notables recortes aplicados, también en el apartado de personal docente, no ha tenido reparo con otros dispendios, objetivamente superfluos, con todo el trazo de haber sido concebidos pensando sólo en la supuesta rentabilidad política o la satisfacción, quizás hasta enfermiza, de anular, independientemente de su utilidad, lo que otros habían hecho antes.