Estabilidad y sanciones

La ley de Estabilidad que ha aprobado el Gobierno para obligar a todas las administraciones –central, autonómicas y locales– a ajustarse a la disciplina exigida por el marco jurídico europeo al que pertenecemos resulta difícilmente criticable, aunque sin duda se puede objetar el derecho de la socialdemocracia europea a relativizar el concepto de déficit estructural, que es el que hay que limitar exclusivamente, ya que resultaría inaceptable proscribir el recurso a políticas anticíclicas y a estabilizadores automáticos. Dicho esto, hay que añadir acto seguido que han sido precisamente los grandes países europeos, Alemania y Francia, los que más han vulnerado el pacto de estabilidad vigente, que limita el déficit público al 3%. Alemania, por ejemplo, respetó este límite el año pasado, pero no lo había hecho ni en 2009 ni en 2010. Y nunca se le ha impuesto sanción alguna. Por último, procede preguntarse si tiene sentido penalizar la mala gestión de unos políticos sancionando financieramente a todas sus víctimas. Ahora que se baraja la idea de otorgar relevancia penal a ciertas formas de mala administración, quizá conviniera plantearse sustituir las sanciones previstas por una exigencia de responsabilidades a quienes incumplan su obligación en esta materia.