Reforma turística con ambición y consenso

Transcurridas varias semanas desde la presentación del avance de la Ley General Turística que se ha propuesto sacar adelante el Govern no cesan las críticas ni el desencanto o la disconformidad sobre sus contenidos. En general, se achaca a la normativa en ciernes, estrechez de miras y de perspectiva sobre el conjunto y la realidad del sector turístico.

Se ha dicho ya de forma insistente que es una ley pensada para los hoteleros, esquivando con ello otros factores determinantes de la industria turística. Los segmentos vitales de la imprescindible oferta complementaria, a través de sus organizaciones empresariales o sindicales han expresado con claridad su rechazo al borrador de la ley. También lo han hecho buena parte de los ayuntamientos de municipios turísticos al percatarse de que las intenciones del Govern para recomponer la explotación de la industria del ocio en Balears pueden suponerles una invasión de competencias de la Administración Local. A día de hoy, en este archipiélago, significa ni más ni menos que hay división de opiniones en el seno del PP y que no ha habido el mínimo debate previo imprescindible sobre tan vital materia en las interioridades del partido gobernante.

En el pleno del jueves en Cort, el teniente de alcalde de Turismo, Alvaro Gijón, dejó claro que el ayuntamiento de Palma defenderá hasta el final sus competencias urbanísticas, en alusión directa a esta pretensión de invadir el litoral por parte de la futura disposición autonómica o de abrir la veda para que cualquier vivienda pueda transformarse en establecimiento vacacional. Por este camino, taponado por falta de consenso, puede ponerse incluso en peligro de nuevo la imprescindible reconversión de las zonas turísticas obsoletas.

A la futura Ley General Turística le están lloviendo alegaciones formales y descontentos emocionales, una combinación que se traduce en rechazo frontal tanto por parte de la oposición política como de los sectores vinculados al turismo, excepto el hotelero. Resulta evidente que en cuestiones tan vitales y sensibles, y no hace falta repetir que el turismo lo es para Balears, no se puede legislar sólo en beneficio o mirando a única parte. Resulta elemental hacerlo con mayor amplitud de miras y atención preferente a la realidad. Algo habrá que modificar.

La fuerza o la mayoría política no sirve para todo. Únicamente será útil, como herramienta exclusiva, a partir de su capacidad integradora. Una Ley General Turística que no esté avalada por el diálogo y el consenso previo esta abocada no sólo al fracaso, sino al deterioro del sector que pretende revitalizar. Conviene tenerlo especialmente en cuenta ahora, cuando los mercados de los grandes touroperadores y los clientes por libre vuelven a demostrar su simpatía y sus preferencias por Mallorca como destino vacacional. Pero un turista lo capta todo de inmediato, lo bueno y lo malo. Nada está garantizado para siempre.

Resultará imprescindible que la Ley General Turística, de forma previa o, a lo sumo, en su trámite parlamentario, se replantee muchas cosas y busque el consenso necesario para ser efectiva. Sin respaldo social, lo más seguro es que tenga los días contados y, por otra parte, convendrá que desbloquee algunas hechos recientes, como esa incongruencia de ver cómo después de una temporada turística excelente y en los albores de otra con la misma perspectiva, no sólo no se logra crear empleo sólido, sino que Balears alcanza cotas de paro desconocidas hasta la fecha. Perdura la impresión de que los hoteleros han recogido mucho y han aportado menos. A modificar esa situación también puede colaborar la nueva Ley.