Recesión en la sanidad balear

El PP ganó las elecciones en mayo y de nuevo ha repetido esta victoria en las elecciones generales. Esta mayoría le da el aval suficiente para plantear sus estrategias y definir sus prioridades, que por cierto no explicaron en las respectivas campañas electorales. Han pasado ya unos meses de gobierno del Partido Popular en nuestras islas. El balance en sanidad no puede ser más controvertido. Amparados por una crisis económica, que es real, se está procediendo a cuestionar la red sanitaria pública, que tantos años y esfuerzos ha costado conseguir y que es el servicio público más apreciado por los ciudadanos de nuestro estado del bienestar, con medidas tomadas cuando menos arbitrariamente. Me referiré a alguna de ellas:

Desmantelamiento de Atención Primaria de Mallorca cuando todos los países de nuestro entorno apuestan por potenciar la atención primaria como nivel de calidad, que resuelve cerca del 90 % de problemas de la población, a un coste más que razonable.

Eliminación de la actividad complementaria (peonadas) y actividad concertada con lo que la lista de espera quirúrgica oficial se ha situado en cifras negativas históricas: 14.089 personas en espera, de las cuales 500 por encima de más de seis meses para ser operadas. Más de 61.406 personas esperando una cita con el especialista hospitalario, de las cuales hay 21.945 que lo hacen por encima de los 60 días. Una circunstancia que nunca antes había ocurrido en esta comunidad autónoma.

Eliminación de guardias médicas localizadas de cirugía y traumatología en los hospitales de Inca y Manacor con lo que todo acto quirúrgico que se plantea en horario de tarde, noche o festivo debe desplazarse a Palma o ser diferido a la mañana siguiente.

Eliminación de servicios, por ejemplo el concierto de resonancia magnética de Manacor que obliga a que todas se realicen en Palma.

La rescisión del concierto con las clínicas privadas acreditadas que practicaban la interrupción voluntaria del embarazo, con lo que se obliga a las mujeres a pagar su coste, se vulnera la intimidad y la confidencialidad necesaria y se infringe claramente la ley que regula este derecho de las mujeres.

La creación e imposición de un copago de 10 euros por la emisión de una tarjeta sanitaria individual que no mejora la atención sanitaria, pero si proporcionará esta información a la sanidad privada.

La pérdida de conceptos económicos en situación de incapacidad temporal (baja laboral), que margina y discrimina a los trabajadores del Ibsalut.

Otras como la no sustitución de enfermeras y otros profesionales, el cierre de plantas en los hospitales, la no renovación de contratos, la escasez de material de todo tipo, son medidas que han provocado un empeoramiento de la calidad asistencial, sólo amortiguado por el gran esfuerzo y la profesionalidad de todos nuestros profesionales sanitarios.

La cascada de ceses y dimisiones continuadas, que ha supuesto la desaparición de todo vestigio de conocimiento del histórico de la empresa y renunciar a personas muy válidas y profesionales. Podría extenderme más, pero es tan grave la situación que lo creo innecesario. Sólo insistir que no se pueden justificar estas medidas por la necesidad de recortar los gastos de los servicios públicos sanitarios porque:

Cuando interesa se invierten unos cuantos centenares de miles de euros en consultorías.

Cuando todos los servicios de salud de las diferentes comunidades autónomas apuestan por un uso racional de los medicamentos y basado en la evidencia, en Balears se actúa al contrario y el director general del Servei de Salut contradice las recomendaciones del propio servicio de farmacia para defender unos medicamentos que en otros países ni siquiera se financian con fondos públicos.

Ni los servicios públicos, ni sus trabajadores, son en absoluto los causantes de esta crisis económica, más bien al contrario, y con su esfuerzo y profesionalidad han contribuido de manera notable a paliar sus efectos y, a pesar de los recortes, continúan día a día trabajando por y para las personas.

Recordar al PP que si bien es cierto que gobiernan con mayoría absoluta, lo hacen para toda la población y es inadmisible que tras promesas y palabras, escondan medidas, recortes y perjudiquen la salud de los ciudadanos de las islas.

En sanidad, tras promesas de pactar con los profesionales y sus organizaciones sindicales o científicas, al final ni acuerdos ni consensos. Se toman decisiones totalmente arbitrarias, que solo conducen a desmantelar y recortar, sin ningún análisis previo, sin consensuar ni una de ellas, y en muchos casos tomando medidas que a los pocos días tienen que volverse atrás por incoherentes. Una gestión sanitaria anémica que ha conseguido en pocos meses que entre los profesionales sanitarios reine la decepción, el miedo y el desánimo más absoluto.

El trato dispensado por el president Bauzá, la consellera Castro y el PP hacia la salud de los ciudadanos de Baleares es preocupante. La austeridad aplasta y anula la salud del paciente. Anunciaron el mantenimiento de los servicios sanitarios y la realidad son todo tipo de recortes: económicos, de recursos humanos y de servicio. Anunciaron la excelencia sanitaria y la realidad trasluce, por desgracia, una pérdida espectacular en la calidad de la asistencia ofrecida.

No necesitamos directores generales que escriban proclamas para sus "seguidores". No necesitamos conselleras en las nubes. Los ciudadanos y las ciudadanas de Balears se merecen respeto y atención, especialmente en todo lo concerniente a su salud. El Partido Popular debería reconsiderar sus prioridades, y debería cumplir el que anunció en campaña electoral: sanidad y educación no sufrirán recortes. Hoy por hoy están haciendo todo lo contrario. Estamos en recesión en la sanidad balear: la salud de los ciudadanos no es una prioridad para el Partido Popular.