Montoro o el populismo económico

Una gran polvareda se ha levantado con las declaraciones del ministro de Hacienda, Cristóbal Montoro, en relación al posible procesamiento penal del gestor que se desvíe de la estabilidad presupuestaria. El disparate es de gran calado, e incluso ha hecho sacar pecho a algún presidente autonómico, como el de Extremadura, que exige efectos retroactivos (en Extremadura, por cierto, se ha fraguado un extraño matrimonio entre el PP e Izquierda Unida, que nos recuerda la pinza ya famosa de Anguita con Aznar: ver para creer). Una vez más, se demuestra que para los conservadores no existen los ciclos, de manera que se abordan las variables económicas como si se tratasen de componentes de una fórmula física o química. El tema, además, invita a una demagogia que construye un relato preciso: debe actuarse como hacen las familias, es decir, no gastando más de lo ingresado. La idea es falaz: empresas y familias recurren a la deuda para abordar decisiones de inversión y consumo, cuando los ingresos corrientes son insuficientes. Pero, dicho esto, cabe indicar que el mensaje de Montoro cala en la población, agotada por datos negativos que tienen en el sector público su principal escaparate. De ahí se deduce, rápidamente, que hay un gigantismo administrativo que urge recortar. Y todo ello con derivadas que incumben la descalificación generalizada de los funcionarios y de los servicios públicos. La contradicción es flagrante: todo el mundo habla de reducir la administración; pero, a su vez, todo el mundo quiere servicios extensivos y de calidad. La lógica de la familia, pues, no cabe en todo esto.

La peregrina ocurrencia de Montoro ha recibido la callada como respuesta por parte de los consejeros de Hacienda del PP. Todos han aplaudido la gracia de un ministro que, si llegara a aplicar su tesis, acabaría por llevar al cuartelillo a más de la mitad de los componentes del Consejo de Política Fiscal y Financiera. Vean los datos, según la liquidación de 2010 (la fuente es la Intervención General de la Administración del Estado, IGAE): Balears cerró el año con 1.065 millones de euros de déficit fiscal, por debajo de Castilla y León, Murcia, Madrid, Valencia, Andalucía, Catalunya, Castilla la Mancha, Castilla León, Galicia y País Vasco, comunidades que, con grados dispares, tienen un financiamiento igual o mejor que el archipiélago, tras la aplicación del nuevo modelo del 2009. Por debajo de las Islas hay siete autonomías, de las que seis estaban gobernadas por el PSOE en solitario o bien en coalición, y sólo una (Rioja) era del PP. Los datos de contraste permiten ver que, en términos de PIB, todas las comunidades autónomas menos País Vasco, Canarias, Galicia, Castilla León y Madrid, incumplieron con el compromiso de no superar el 2,4% del PIB. Calculen, pues, el trabajo que el bueno de Montoro quiere dar a los tribunales.

Pero el globo sonda de Montoro ha enterrado otro tema que se va a revelar como decisivo, y que se ha comentado menos porque tiene poca renta populista: el objetivo para clausurar entes públicos. Por lo que sabemos, existe un compromiso notarial, enmarcado en el Consejo de Política Fiscal y Financiera, para cerrar 450 entes hasta el 31 de diciembre de 2012. El ajuste, duro, supondrá despidos y, por tanto, incremento del paro. Ante este anuncio, realizado por un Secretario de Estado competente y buen conocedor de la administración, como Beteta (antiguo consejero de Economía y Hacienda de Esperanza Aguirre), ¿qué dice Bauzá, qué piensa Aguiló, qué va a ejecutar (si es que ejecuta algo) García? Este trípode, irregular, es el que debería actuar de forma más coordinada, para que la foto fija final no salga desenfocada. Hasta ahora: declaraciones vacías de contenido, retórica retorcida, palabras huecas.

Montoro se ha equivocado en cuanto a la generación de más inseguridad (¿quién querrá decidir en tiempos difíciles y ante necesidades ineludibles de inversión que puedan comportar desequilibrios o incrementos de deuda, si piensa que puede ser procesado?), si bien ha sabido desviar la atención sobre aspectos más relevantes, sabedor que es inviable su propuesta. No irá a más, ya lo verán. Pero convendría dejar de lado la demagogia y trabajar con criterios más solventes, como, por ejemplo, aportar más oxígeno a las comunidades autónomas. Cosa que sí hizo Montoro (en eso estoy totalmente de acuerdo), anunciando una línea ICO que deberá dotarse de unos 14.000 millones de euros para pagar proveedores. Euros que incrementarán la deuda y, también, el déficit. ¿Se denunciará a si mismo el señor ministro, cuando disloque las cuentas públicas?