Una gestión sanitaria enfrentada al paciente

El ámbito de la sanidad balear vive, por diversos motivos, tiempos convulsos que desembocan directamente en la pérdida de calidad de tan esencial servicio y se traducen en incertidumbre y malestar, tanto por parte de los profesionales del ramo como del ciudadano que se ve obligado a requerir, al nivel que sea, asistencia médica.

El president Bauzá reconocía el jueves por primera vez que existe un incremento de las listas de espera de pacientes. Fuentes sindicales han cifrado en 12.000 el número de personas que en este momento están a la expectativa de una intervención quirúrgica con una media de 70 días de demora. Contrastarlas con las de la conselleria de Salud resulta tarea harto difícil porque se ha abierto una triste guerra de cifras en la que parece pesar más el mero y vano interés político antes que la atención eficaz al paciente. El jefe del Ejecutivo autonómico lo justifica todo en aras del afán de ahorro y se da por satisfecho con la supresión de unas peonadas que suponían un coste de entre 10 y 14 millones al mes. También se han cerrado plantas de algunos hospitales isleños y en los de Inca y Manacor van desapareciendo las guardias localizadas de los médicos.

Pero, con ser muy grave, no es sólo el incremento de las listas de espera. Estos días se está viendo como la obtención de la nueva tarjeta sanitaria se está convirtiendo en un verdadero rompecabezas para algunos de sus usuarios porque el Govern ha complicado su expedición y ha decidido cobrar por ella 10 euros cuando la emisión vale 1,46. La empresa concesionaria obtendrá un beneficio de 5 millones. Parece claro que en este aspecto ha primado el afán recaudatorio. El nuevo plástico tiene serias incompatibilidades con el Sistema Nacional de Salud y, lo que es peor, se conocen casos de usuarios que han sufrido demoras de 15 días en la obtención de los medicamentos.

Mientras la consellera Castro niega la evidencia, el director general del Ib-Salut, Juan José Bestard, protagoniza más polémicas y destituciones de cargos de confianza, aún noveles, que solvencia en el servicio. El Govern se ha retirado del diálogo y esto le ha llevado al enfrentamiento directo con la práctica totalidad de representaciones sindicales del complejo mundo de la sanidad. Como es sabido, vinculado al mismo ámbito, sus relaciones con el colectivo farmacéutico se han tensado hasta el amago reincidente de ruptura y de negativa a adelantar los medicamentos porque el Ejecutivo se muestra insolvente para presentar un calendario de pagos de las deudas acumuladas que, en algunos casos, han supuesto la asfixia profesional para los boticarios.

Si hablamos de la gestión del aborto, topamos con problemas semejantes. Salud, sin consultar con los servicios de ginecología, retiró primero el concierto con las tres clínicas privadas a las que tenía derivada la interrupción del embarazo y después, sin esperar un informe jurídico ante la dudosa legalidad de la medida, planteó el adelanto del coste de las intervenciones por parte de las pacientes. Podríamos seguir recordando las intromisiones sobre la prescripción de algunos medicamentos, pero el hecho definitivo es que tan preocupante cuadro clínico sobre la gestión de la sanidad balear necesita, hasta por motivos de salud colectiva, inmediata corrección. No se puede seguir poniendo inquietud, conflicto y demora donde sólo debe haber terapia, convalecencia y voluntad de servicio. El Govern había dicho que no aplicaría recortes en Sanidad. Lo está haciendo y reconociéndolo a fuerza de evidencias. Todo queda condicionado al beneficio económico en detrimento del paciente. El Ejecutivo, insensible, no manifiesta voluntad de enmienda, pero está claro que necesita corregir una política que merma eficacia y le enfrenta con el paciente.