La tasa Tobin: rectificación ante la crisis

El Eurogrupo se dispone a adoptar un nuevo impuesto sobre las transacciones financieras; Sarkozy es el gran valedor de esta propuesta, que ya ha sido aceptada por Alemania, aunque sigue produciendo sarpullidos al Reino Unido y a algún otro país, como Dinamarca. El lunes, Rajoy se adhirió a la idea en presencia del presidente de Francia, nadie sabe si por convicción, por obligación o simplemente para halagar a su huésped porque no hace mucho tiempo el actual ministro de Hacienda, Montoro, lanzó venablos contra un recargo que hasta hace poco fue un objetivo de los heterodoxos de la antiglobalización, defendido cálidamente por ATTAC y los demás grupos que han combatido el neoliberalismo rampante que ha disfrutado de indiscutida hegemonía desde los años ochenta del pasado siglo y que nos ha traído a la gigantesca crisis actual.

La ´tasa Tobin´ fue propuesta en 1971 por el economista norteamericano James Tobin, galardonado con el Premio Nobel de Economía en 1981. No era ni mucho menos una ocurrencia, ni un impuesto ideado con fines redistributivos como han pretendido algunos de sus epígonos, sino la respuesta a la decisión de Nixon de aquel año –1971– de refundar el sistema financiero internacional poniendo fin al sistema de Bretton Woods, cancelando la convertibilidad del dólar en oro, estableciendo un sistema de tipos de cambio flotantes y acabando con el control de los movimientos de capitales. Tobin, convencido de que aquella liberalización absoluta, presagio de la futura globalización, generaría un caos especulativo, propuso un gravamen sobre las transacciones internacionales más encaminado a controlarlas que a recaudar. Los potentes vientos liberales posteriores llevaron al limbo la propuesta, que ahora se recupera.

La ´tasa Tobin´ que ahora se pretende instaurar conforme a un modelo presentado en septiembre por la Comisión Europea es de una envergadura simbólica –el tipo sería del 0,1% para la compraventa de obligaciones de deuda y acciones y del 0,01% para las operaciones con–, pese a lo cual Bruselas ha calculado que se recaudarían unos 57.000 millones de euros. Pero su objetivo político no sería la obtención de estos recursos –que en la hora actual resultarían bien venidos para ser utilizados como estímulos fiscales favorecedores del crecimiento– sino el establecimiento de un control de los flujos económicos que permitiría actuar sobre la especulación y la economía virtual, abortar ciertas prácticas lesivas para la economía real y, en definitiva, poner coto a un modelo degradado que lanzó al mundo a la crisis actual a partir de las célebres hipotecas basura, el mejor reflejo de una economía sin ley y sin moral que cayó en manos de desaprensivos y nos ha arrastrado a todos al fondo del pozo.

La lucha contra la crisis y, sobre todo, la reconstrucción de la prosperidad global tras ella ya no pueden basarse de nuevo en criterios desreguladores y en un retroceso gradual del Estado –del ámbito público a nivel global– en nuestras vidas sino en la construcción de nuevos equilibrios entre libertad mercantil y reglas de juego, entre creatividad capitalista y estado de bienestar. No se trata de poner en cuestión la economía capitalista, ni de sembrar dudas sobre la eficacia de la competencia y el mercado en la asignación de recursos, sino de regresar al axioma racionalista de que la política debe guiar la economía, marcar los objetivos, determinar las preferencias y poner, en fin, el sistema económico al servicio de los seres humanos.