Después de los desmadres de gastos en las fiestas navideñas, teníamos que enfrentarnos a la "cuesta de enero". Ahora mucho me temo que tendremos que afrontar todos y cada uno de los meses del año recién inaugurado y, si los dioses del mercado y sus representantes políticos no lo impiden, además de prolongarse hasta el 2013, las cuestas pueden trasformarse en duras cumbres nevadas que requerirán el apoyo de artilugios de alta montaña, incluidas bombonas de oxigeno.

Nuestros gobernantes de aquí y de acullá, como buenos padres preocupados por sus díscolos hijos e hijas, nos imponen duros castigos: tijeras a los servicios públicos, reducción real de salarios, aumento en los impuestos (aunque ahora "digan digo donde dijeron Diego"). Y por aquello de que el que avisa no es traidor, se nos recuerda que de momento sólo asistimos al trailer de la siniestra película. Supongamos, puede que sea demasiado suponer, que como hijos pródigos aceptamos la toma de una buena ración de aceite de ricino pero después que nos hayamos flagelado, ¿qué? No se trata de regresar al cuento de hadas que vivimos en las épocas de las vacas gordas pero, ¿será posible retornar a recuperar derechos ciudadanos básicos como el acceso a un puesto de trabajo digno o a unos servicios públicos (sanidad, educación...) de calidad?

En las recientes investigaciones publicadas por el CIS (a nivel español) y por Quaderns Gadeso (a nivel de nuestra comunidad) los ciudadanos no se muestran optimistas no sólo respecto a la situación presente sino también hacia el futuro y, para mas inri la confianza, en nuestros políticos e instituciones democráticas brilla por su ausencia. Tal desconfianza aumenta si nuestros gobernantes recién elegidos se aplican el paradigma de Groucho Marx (¡no de Karl Marx!): "Estos son mis principios, sino le gustan, tengo otros".

Voy a referirme concretamente a nuestra comunidad. Control del déficit público, sí; austeridad y racionalidad en las administraciones públicas, sí, pero, pasando por alto quiénes son los principales perjudicados por tales recortes, ¿qué medidas se proponen de reactivación económica (que se supone condición necesaria para la creación de empleo)? ¿Qué políticas públicas activas de ocupación se desarrollan?. Más de uno, yo me incluyo entre ellos, tiene la sensación que dejamos el porvenir simplemente al rebufo de una reactivación "general" mundial y sobretodo europea que nos garantice (?) recuperar mejores índices de rentabilidad de nuestra actividad turística.

El PP y su gobierno confían y delegan la reactivación económica y la creación de empleo a la iniciativa privada. No cabe duda de que la iniciativa privada es el principal agente de actividad económica, pero ello no implica que los gobiernos de turnos no sean también responsables de tal reactivación y de creación de empleo. Las líneas básicas de estructura socioeconómica de nuestra comunidad, especialmente las de carácter estratégico, corresponde a los gobiernos. El Govern, a través del Parlament, debería crear instrumentos legales y normativos (claros y flexibles) que fueran el marco donde puedan ubicarse los inversionistas privados, que garanticen que tales iniciativas empresariales sean sostenidas y sostenibles. La tan cacareada "seguridad jurídica" no consiste en decir sí, bwana a todas las iniciativas privadas. La seguridad jurídica en un país serio, no una mera república bananera, la dan (o deberían darla) las leyes (insisto: pocas, breves, concisas, claras y flexibles) que se supone se redactan con criterios de interés general, sostenibilidad y competitividad. El proyecto de Ley del Turismo de las Balears ¿cumple con tales requisitos? Mi respuesta es que el actual texto, si no se modifica y mejora, no satisface ni tan siquiera los mínimos exigibles.

En referencia al empleo, sin duda lo crea la iniciativa privada. Pero, ¿qué hacemos con los parados de larga duración, una cuarta parte del paro registrado, con escasa capacitación profesional? Lo mismo respecto a los jóvenes sin trabajo, ni formación. Aunque no sea fácil los poderes públicos no pueden dejarlos a su albur, remitirlos a la beneficencia o la marginación o exclusión social.