El gran ajuste gubernamental alcanza a RTVE en 200 millones de euros. El recorte es importante en una corporación cuyo presupuesto es de 1.200 millones, que se divide aproximadamente por tercios: un primer tercio se gasta en salarios, otro tercio en el mantenimiento de las infraestructuras y el último tercio en producción de programas. La subvención estatal ha sido hasta ahora de 550 millones de euros; el resto es aportado por los operadores de telecomunicaciones ( el 0,9% de sus ingresos) y por las cadenas privadas de televisión (el 3%).

Hoy se reunirá el Consejo de Administración de la Corporación, pendiente aún de ser renovado (la normativa vigente –Ley 17/2006, de 5 de junio, de la radio y la televisión de titularidad estatal–, dispone que los doce consejeros, ocho designados por el Congreso y cuatro por el Senado, serán elegidos por seis años y renovados por mitades cada tres), para conocer y analizar los términos y el alcance de recorte, ya que todavía no se conoce si la decisión del Gobierno es reducir el techo de gasto de la institución desde los 1.200 millones actuales a 1.000 o si cabe la posibilidad de procurar ingresos equivalentes al recorte.

En este último caso, ya hay algunas voces que sugieren que el audiovisual público podría recurrir de forma controlada al mercado de la publicidad. Así por ejemplo, Santos Ruesga, catedrático de Economía Aplicada y consejero de RTVE propuesto por UGT, ha propuesto un retorno matizado a la publicidad de sólo tres minutos por hora. Con esta fórmula, que distorsionaría poco el modelo actual (está permitido emitir cuatro minutos por hora de autopromociones), se conseguirían unos 100 millones de euros. Aunque, como es lógico, las televisiones privadas, también constreñidas por la crisis, pondrían el grito en el cielo, y con razón. Además, habría que conseguir ingresos y eliminar gastos mediante la venta de derechos, la renuncia a ciertas retransmisiones como los Juegos Olímpicos o incluso el cierre de algunos de los canales secundarios de los dos múltiplex con que cuenta la corporación.

Antes de tomar decisiones que mutilen el actual modelo de RTVE, convendría reconocer pacíficamente que la ley vigente, que forzó el consenso en la designación de los miembros del Consejo –la mayoría requerida es de dos tercios– y, por lo tanto, en la elección del director general, ha sido muy fecunda ya que ha mejorado muy notablemente la calidad de la producción y ha neutralizado ideológicamente el aparato informativo tanto de RNE cuanto de TVE. No hay comparación posible entre la pluralidad actual y el sectarismo que rigió en todas las etapas anteriores a la promulgación de la norma, sin excepción alguna. Así las cosas, no parece ilógico reclamar que se intente mantener el actual espíritu, en el que la profesionalidad prima claramente sobre las lealtades partidarias, que no deberían hacer acto de presencia en esa institución.

La televisión estatal es un instrumento de cohesión social y cultural que desempeña un papel obvio en la "España plural". Y puesto que hemos conseguido últimamente dignificarla y apartarla de la controversia puramente partidista, daríamos una prueba de madurez si la preserváramos de grandes mudanzas, aunque la obliguemos a que también haga un ejercicio racional de austeridad que le obligue a hacer economías pero que no ponga en riesgo su supervivencia.