Los diecisiete países del Eurogrupo y otros seis de la Unión Europea que aspiran a incorporarse a él dieron la madrugada de ayer un paso relevante hacia la integración política en el terreno fiscal y presupuestario, con lo que rectifican un vacío que se arrastra desde Maastrich, cuando en los primeros años noventa del pasado siglo se ideó el euro: la Unión Económica y Monetaria adolecía de falta de una gobernanza federalizante que diera consistencia al espacio de la divisa común, impidiera radicalmente los desequilibrios, armonizara el sistema impositivo y trazara en definitiva una auténtica política económica que fuese contrapunto de la política monetaria que desarrolla autónomamente el Banco Central Europeo.

La discusión hasta llegar a este acuerdo, que adquirirá la forma de una "cooperación reforzada" y se plasmará en un pacto intergubernamental, ha sido larga, como se preveía, porque había de venir precedida por una ruptura inexorable, la del Reino Unido, cuyos líderes conservadores actuales han debido plegarse a la voluntad de los euroescépticos, que son clara mayoría en el ámbito de los Tories. Cameron pretendía salvar la autonomía financiera de la City, cuyos métodos abusivos han sido precisamente los que han originado el crash mundial. El descuelgue de Londres es en todo caso iluminador, ya que permite descartar definitivamente que algún día el Reino Unido se incorpore al euro.

Los términos del acuerdo se ajustan a las propuestas francoalemanas ya conocidas, y su pormenor será concretado en los próximos días. De momento, puede adelantarse que en sus líneas generales van en la buena dirección. Sin embargo, este proceso es objetable claramente en dos sentidos, y así hay que decirlo. En primer lugar, una reforma de tanto calado, que cambiará absolutamente las reglas constitucionales del Eurogrupo, no debería realizarse mediante un simple acuerdo gubernamental. A escala estatal, la fórmula adoptada equivaldría a que el gobierno español y los gobiernos de las comunidades autónomas aprobaran por consenso una reforma constitucional. La completa marginalización de las instituciones de la Unión, incluso el Parlamento Europeo, genera un bochornoso déficit democrático que afecta sin duda a la consistencia del proceso. La soberanía nacional no ha hecho acto de presencia en Bruselas.

En segundo lugar –y esto es lo más grave a efectos prácticos–, lo pactado allana el camino hacia la austeridad y el ajuste en el seno de la Eurozona, pero no abre ninguna puerta a las expectativas de crecimiento de los países que, como España, están regresando a la recesión precisamente a causa de la brutal campaña de austeridad emprendida. La agonizante socialdemocracia europea ha tratado de enunciar al menos esta objeción, pero ha tenido que ser una de las grandes agencias de rating, Standard and Poor´s, la que la lanzase para que la obviedad tomara cuerpo. S&P se pregunta cómo hará la Eurozona para garantizar a medio plazo el crecimiento si piensa proceder de momento a unos espectaculares ajustes que todavía deprimirán más su mortecina economía. A este paso, las reformas estructurales españolas y de otros países, sin duda necesarias para lograr competitividad, no tendrán efecto alguno en la contención del desempleo. Esta cuestión es sin duda la más inquietante que deriva de este agridulce Consejo Europeo, del que salimos pensando que no iremos a la ruina aunque todavía no sepamos cómo saldremos del pozo.