En el Ulster, los partidos moderados de ambos bandos –unionistas y republicanos- que habían conseguido forjar los acuerdos del Viernes Santo se vieron pronto desplazados en las urnas por las formaciones más radicales: el partido Unionista Democrático (DUP) de Ian Paysley y el Sinn Fein de Gerry Adams. En el País Vasco, no existe un paralelismo pleno con el precedente irlandés, pero el PNV teme, probablemente con razón a la vista de los resultados de las pasadas elecciones municipales, que la izquierda abertzale le arrebate el liderazgo nacionalista.

Así las cosas, la formación de Urkullu ha decidido movilizarse, y, tras haber mantenido un encuentro con Patxi López en la ronda que realiza el lehendakari tras el comunicado etarra, ayer acudió a Madrid, a entrevistarse con Rodríguez Zapatero, con un paquete de exigencias en la cartera: flexibilización de la política penitenciaria, derogación de la ley de Partidos, derogación de la ´doctrina Parot´ y —y esto es lo más relevante a medio plazo— demanda de un "nuevo estatus jurídico-político para el pueblo vasco", que tendría que resolver definitivamente "el conflicto" y que debería entrar en vigor en el 2015. En definitiva, Urkullu ha decidido reavivar el fenecido "plan Ibarretxe" mediante una hoja de ruta que incluiría, cómo no, un referéndum soberanista. Naturalmente, para poner en marcha este plan necesita recuperar su papel hegemónico al frente del Ejecutivo vasco, y de ahí que reclame elecciones anticipadas… Aunque, por las razones apuntadas, bien pudiera ser que el liderazgo nacionalista correspondiese en el futuro a Bildu, o, en su momento y si llega la legalización, a Sortu, que es el partido en ciernes que sucederá a la antigua Batasuna. De momento, el 20N se establecerá con claridad la correlación de fuerzas entre el PNV y Amaiur —la coalición de Sortu con Aralar—, tanto en el País Vasco como en Navarra.

Tiempo habrá de analizar el "plan" de reforma institucional de Urkullu, pero de momento conviene valorar el resto de las demandas. En lo referente a la flexibilización de la política penitenciaria, es lógico pensar que la iniciativa de tal designio ha de corresponder al próximo gobierno, que será también el encargado de promover los renovados consensos que enmarquen el final material de ETA y de sus secuelas. De momento, la prudencia se traduce en una lógica frialdad.

Lo sorprendente es que, a estas alturas, alguien reclame la derogación de la ley de Partidos, que se reformó para evitar que formaciones que mantenían connivencia con organizaciones terroristas pudieran ingresar en las instituciones. ¿Qué habría que derogar, según Urkullu? ¿La imposibilidad de que los terroristas lleguen a las instituciones para chantajearlas? Y algo semejante hay que decir de la demanda política de desactivar la "doctrina Parot": ¿Acaso el PNV se ha convertido en valedor de asesinos múltiples y siente inquietud por la suerte de los etarras más sanguinarios? ¿No basta con aguardar a que el Constitucional se pronuncie sobre la constitucionalidad o no de esta interpretación de la legalidad vigente que ha impedido que 61 criminales conspicuos salieran a la calle antes de que se hubiera extinguido siquiera la alarma social que produjeron sus crímenes?

En todas estas demandas hay un fondo antiguo, reiterativo y sumamente cansino, que suena a ´déja vu´. Y no está el país, tan agobiado por la coyuntura, para escuchar demasiadas tonterías.