Existen sobrados argumentos y sobre todo comportamientos cruzados para sostener, a estas alturas, que la conflictividad laboral se está volviendo irreversible en el marco de la Administración autonómica. Las concentraciones en las puertas de los hospitales y frente a algunas sedes institucionales, son sólo el preámbulo de lo que se avecina del mismo modo que los recortes que ha empezado a aplicar el Govern conforman la antesala de otras "decisiones difíciles" en expresión de su president.

El malestar irá tomando asiento de forma progresiva en los pupitres de las aulas de los colegios públicos de Balears y hasta en los dependientes de la enseñanza concertada, si el Ejecutivo autonómico, de forma involuntaria o asumida, poco importa para el caso, la sigue teniendo a pan y agua. La inquietud y el desasosiego comenzarán ir a la escuela porque, por mucho que la profesionalidad y la entereza humana del afectado se esfuercen en evitarlo, resulta imposible que un profesor al que le quitan por las buenas dos meses de salario veraniego del que confiaba, según lo estipulado hasta ahora, o que se ve obligado a suplir clases de Historia cuando él sabe de Matemáticas, porque tiene a un compañero de baja, no acabe afectado o hasta se derrumbe ante tal panorama poco consecuente. Por fortuna, los docentes no son simples libres de texto, son personas humanas. La desmotivación, a fuerza de recortes y vacantes para poder arañar 3 millones de euros que deberán tapar otros agujeros, acabará siendo captada por unos niños y adolescentes que, a tono con la edad, captan con precisión cuanto no se les explica, antes que la materia objeto de disertación docente.

El hecho es que el plan de ahorro presentado por la conselleria de Educación a los sindicatos, contempla, directamente, la aniquilación del sueldo de los meses de julio y agosto de unos 600 profesores interinos que ya han escogido plaza sin prever este recorte y por tanto no lo han tenido en cuenta a la hora de regirse por criterios de vacante, suplencia o movilidad geográfica. Por otro lado, la conselleria ha determinado que las bajas inferiores a 30 días no serán suplidas y en consecuencia, en la práctica, se transformarán en trabajo suplementario para el claustro de profesores del centro afectado, unos colegios que, todo hay que decirlo, también van conociendo la disminución de personal de apoyo o especializado.

Por supuesto, los sindicatos no han acogido con agrado estas medidas. Han cuestionado su eficacia en cuanto a ahorro y dan por sentado que desembocarán en la conflictividad laboral y sobre la eficacia profesional. Parece que los criterios de blindar, en cuanto a recortes, Sanidad y Educación, se quedan en el plano teórico. Los interpretaciones del Govern y de los agentes laborales son diametralmente opuestas en este sentido. Por lo que respecta a los profesores, los sindicatos también apuntan ahora que se cambia un roto por un descosido porque, por ejemplo, lo que ahorre por un lado Educación, puede acabar pagándolo el Soib.

Las medidas adoptadas afectan de lleno a los derechos y a la estabilidad laboral, cuestión vital que sin embargo queda en un segundo plano cuando empieza a cundir, como consecuencia de todo ello, preocupación por una eventual pérdida en la calidad en la enseñanza. Y esto es más grave en tiempos de crisis.