En el asunto de las listas de pacientes ingresados en el hospital de Inca y usadas con fines claramente políticos por los concejales del PP local, las cosas han adquirido la forma del enfermo que, presa del pánico y en un intento de engañarse a sí mismo, intenta negar la evidencia, proclama su salud, pero la cara y el diagnóstico no mienten. Vista la realidad de las cosas, a la conselleria de Salud también le pasa como al médico que, ante la gravedad de la dolencia, no se atreve a hablar claro ni a emitir una evaluación pública. Pero actúa. No hay tiempo que perder y, en la medida de lo posible, hay que evitar contagios de responsabilidad personal y profesional porque, a medida que se van conociendo nuevos detalles, más estremecen las irrupciones políticas en la intimidad de quienes han permanecidos postrados en una cama del hospital de Inca. De ahí que Salud haya denunciado ante el juez la filtración de listados de pacientes y que UGT, ante el temor de un apaño que cada vez parece más improbable, opte por pedir amparo a la Agencia Española de Protección de Datos.
Los hechos han adquirido tal dimensión que llevan camino de arrugar los fastos de la inauguración de Son Espases. En el entramado administrativo de la sanidad pública se pagan los excesos igual que en el cuerpo humano que no ha sido capaz de regular dietas y hábitos de comportamiento. Las lesiones salen en el momento más insospechado o cuando se pierde la capacidad de aguante. En este punto está la conselleria de Vicenç Thomàs, mientras al director gerente del hospital de Inca y a los concejales Margarita Horrach y Joan Pastor, o al mismo ex alcalde Pere Rotger, se les agotan las evasivas. De confirmarse los hechos, tendrán que someter a convalecencia su sentido del oportunismo político, del respeto humano y los valores de la intimidad.
En la denuncia interpuesta por Salud, en un jueves que, en términos de solvencia en la gestión sanitaria con sede en Inca, nada tuvo de Bo, se llega a detallar como los listados pasados por fax desde el hospital al instituto Pau Casesnoves, contenían información sanitaria sobre el tipo de tratamientos o dolencias a las que estaban sujetos los pacientes a los que se iba a visitar. Evidentemente, este tipo de información no se recopila "por la calle", como señala Margarita Horrach.
No se trata sólo de la presunta infracción penal en la que hayan podido incurrir quienes, sirviéndose de su condición, supuestamente han abusado de confianzas varias y han podido hacer de datos sanitarios herramienta, nada fina, de intromisión política. Todo hace pensar que se han vulnerado estadios previos y elementales, los que hacen referencia al sentido común, a la honestidad y la exquisitez de trato para quienes están condicionados por algún tipo de enfermedad. Habrá pues que aplicar, en apelación al honor, la medicina del reconocimiento de los hechos y la prevención de evitar su repetición. A estas alturas ya no caben errores ni exageraciones.
