Moussoulimina Abdoulaye es una joven de Níger que nació en un país donde más de la mitad de las niñas no pueden ir a la escuela porque tienen que ayudar a sus familias. El juego y la educación, actividades propias de la infancia, se sustituyen por el duro trabajo en el campo o por las caminatas en busca de agua y el regreso con pesados bidones. Ocurre en una nación en la que la mitad de la población sufre los efectos de una crisis nutricional que junto a enfermedades como la malaria, la diarrea o la neumonía suma riesgos para la supervivencia infantil.

En el Sahel, la lucha por la vida se libra en el desierto o en medio de la selva, a pesar de que la comunidad internacional reconoció hace 21 años que todo niño tiene derecho a obtener lo necesario para garantizar su pleno desarrollo. Un compromiso que se llamó Convención sobre los Derechos del Niño (CDN), aprobada el 20 de noviembre de 1989 en la Asamblea General de Naciones Unidas y que es el tratado internacional que ha sido ratificado por un mayor número de países. Un texto jurídicamente vinculante, que recoge los derechos fundamentales de las personas menores de 18 años y que también es uno de los más vulnerados.

Celebramos el reconocimiento de los derechos inherentes a la infancia, a todos los niños, al tiempo que recordamos que este mundo aún permite que 22.000 niños menores de cinco años mueran cada día por causas que podemos evitar (con una vacuna, con un diagnóstico y un tratamiento, o con agua potable…)

Nunca antes la humanidad ha tenido tan cerca la posibilidad de mejorar las vidas de los más desfavorecidos. Nunca antes se habló con tanta frecuencia del estado de bienestar, y jamás ha habido niveles tan altos de riqueza. Pero aún así, cada vez que amanece aquí, se apagan muchas vidas a pocos kilómetros.

Moussoulimina, al igual que cualquier nigerina, tiene una posibilidad entre siete de morir por una causa relacionada con el embarazo a lo largo de su vida. En los países más ricos esta tasa es de una media de una entre 8.000.

La otra cara de la realidad es que esta joven africana se sabe afortunada por poder asistir a clase en Dar-es Salam, en Niamey, aunque tenga que caminar durante una hora con muletas debido a las secuelas de una poliomielitis. Afortunadamente recibió asistencia médica y unas muletas. Es un ejemplo que nos dice que es posible cambiar las vidas de millones de niños. Sólo hay que tener presente en las tomas de decisiones que todos los niños del mundo tienen los mismos derechos y que, si atajamos la desigualdad, estaremos trabajando en el núcleo de la pobreza extrema.

La mitad de los 8,1 millones de niños que en 2009 perdieron la vida antes de cumplir cinco años, se registró en cinco países: India, Nigeria, Pakistán, China y la República Democrática del Congo, país donde la tasa de mortalidad de niños menores de cinco años ha bajado menos de un 1% entre 1990 y 2008. La tasa mundial ha caído en un 30% durante ese mismo periodo.

Reducir la mortalidad infantil en dos terceras partes para 2015 es el cuarto Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM). Un compromiso global que aboga por el derecho a la supervivencia, y nos encontramos en un momento decisivo para pisar el acelerador hacia la equidad, convirtiendo a los menos afortunados en el centro de la acción de desarrollo. Un informe reciente de UNICEF demuestra que cada millón de dólares adicional invertido en atender a los más desfavorecidos, es hasta un 60% más eficaz que con las políticas actuales.

La crisis global ha socavado muchos de los caminos hacia los ODM, y también ha tenido consecuencias para la población infantil de países industrializados. En muy diferentes medidas. En el mundo en desarrollo, donde millones de familias llevan décadas en crisis permanente, la inseguridad alimentaria y la situación económica mundial han arrastrado a millones de personas a la pobreza extrema, y han elevado, por primera vez en la historia, a mil los millones de personas que pasan hambre.

En España, la crisis ha ampliado la brecha de la desigualdad: uno de cada cuatro niños está en situación de pobreza relativa, es decir, que un 24% de los niños no están en igualdad de oportunidades con respecto al resto de la población infantil. Las recientes observaciones del Comité de Derechos del Niño reflejan este dato y recomiendan que se tomen medidas específicas en España para paliar las consecuencias de la crisis en la infancia.

A pesar de los diferentes impactos en unos países y en otros, todos nos llevan a un denominador común, que es la importancia de que la infancia sea una prioridad en las agendas políticas, de forma que se tomen medidas para garantizar los derechos de todos los niños, en todas partes, y en cualquier situación.

Existen, por primera vez en la historia, los recursos, el conocimiento y la experiencia suficientes para poder hacerlo. Así que, si no es ahora, ¿cuándo?

(*) Presidenta del comité en Balears de UNICEF.