La asociación de las televisiones privadas, UTECA, ha vuelto a denunciar la situación escandalosa del sistema de las televisiones autonómicas, implantado en 13 de las 17 CC AA de este país, que no sólo no han seguido el sendero trazado por el audiovisual estatal –neutralización política y control parlamentario pleno, seguidos de la eliminación de publicidad para no incurrir en competencia desleal– sino que están manteniendo un intolerable derroche financiero en un marco de sectarismo ideológico inadmisible.

UTECA, lógicamente, mira a sus propios intereses, que pueden coincidir o no con los generales del país, representa a un sector económico de gran importancia y los datos que aporta, obtenidos por consultoras de prestigio como Deloitte, no son en absoluto subjetivos: los trece grupos autonómicos de radiotelevisión recibieron en 2009 un total de 813,7 millones de euros en subvenciones y perdieron en ese año nada menos que 772,3 millones. Ello significa que consumieron en el pasado ejercicio un total de 1.586 millones –un 5,7% más que el año anterior–. La deuda acumulada es de 1.480 millones de euros.

Estas cifras son tan abultadas que producen desorientación pero, para aprehender los órdenes de magnitud, basta interiorizar que los 110 euros por hogar y año que este país destina al audiovisual autonómico es más de lo que muchas comunidades destinan a la aplicación de la ley de la Dependencia. O que los recursos destinados a sostener esta inútil estructura de publicidad y propaganda al servicio de los intereses particulares de los gobiernos autonómicos de turno son sensiblemente superiores al ahorro que conseguirá en 2011 el Estado por la congelación de las pensiones. En cualquier caso, el coste de las autonómicas triplica el de la televisión estatal: frente a los 110 euros por hogar y año mencionados, RTVE cuesta 34 euros.

UTECA propone que las televisiones autonómicas se financien mediante un canon, fórmula seguramente muy inaplicable tanto por impopular cuanto por inoportuna en momentos de crisis. En todo caso, la cuestión política que el Estado debe plantearse no es cómo sostener este conglomerado mediático-burocrático sino qué hacer con él, una vez aceptado que es insostenible este gigantesco desaguisado que consume espacio radioeléctrico capaz de mantener 100 canales y en el que algunas comunidades autónomas emiten hasta cuatro cadenas diferentes.

De entrada, es urgente su neutralización política. Una vez conseguido el "milagro" de RTVE, que ha sido radicalmente apartada del debate ideológico, no es decente mantener las televisiones autonómicas como portavoces partidistas de la mayoría circunstancial en cada comunidad. Y una vez logrado este portento, y por lo tanto suprimidos los argumentos espurios, habrá que plantear la búsqueda de la financiación necesaria, que habrá de acomodarse al servicio público que se pretenda prestar.

Sería bueno convenir en que, después de esta recesión brutal, ya nada será como antes. Y en concreto, tendremos que redimensionar el sector público para hacerlo sostenible, asegurar la calidad de los grandes servicios y generar una más acendrada conciencia fiscal, sobre la base de una mejor administración de los recursos. Si así se hace, se entenderá probablemente que algunos dispendios como el que suscita este comentario pudieron ser admisibles mientras duró la ficticia sensación de opulencia pero no lo será nunca más en el futuro.