En una investigación, que pronto verá la luz, aparece la "clase política" (calificativo profundamente perverso) como una de las principales preocupaciones de nuestra ciudadanía. En cambio, la corrupción pierde relevancia entre nuestras inquietudes. Ambas constataciones son relevantes y preocupantes para nuestra salud democrática, y pueden tener consecuencias en nuestras próximas elecciones autonómicas y locales.

La disminución de nuestra percepción negativa de la corrupción puede deberse a una cierta "resignación", al considerar que visto lo visto resulta imposible excluir a los corruptos y sus prácticas de los quehaceres políticos. La consecuencia puede ser que consideremos "normal" que unos y otros intenten aprovecharse de sus cargos, no sólo con palacetes o tramas millonarias (en euros) sino también en corruptelas de menor calado (los botes de colacao, enchufar a un familiar o conseguir desatascar algún asuntillo urbanístico). La consecuencia es considerar que todos los políticos, sin matices y convertidos en una clase, son el auténtico problema. Pero, ¿por qué y cómo hemos llegado a tal situación?

Somos dignos del Guiness por nuestro número de casos de corrupción, considerando que los hechos son ciertos mientras los presuntos son sus autores. Nuestra justicia, especialmente por su carácter garantista, les mantiene como presuntos mientras no se pruebe de manera fehaciente su auditoría. Se puede llegar al caso, véase el Plan Territorial de Mallorca, en que el juez en su sentencia reconozca como probada la existencia de corrupción pero libere a los que eran presuntos autores simplemente porque las pruebas no son suficientes o concluyentes.

El porqué en breve tiempo se han destapado tales casos es muy simple. Es práctica regulada la realización de auditorías externas al quehacer de la gestión pública en empresas públicas y similares. Los responsables políticos pueden hacer caso o no a las conclusiones de tales auditorías. Lo que ocurrió es que el gobierno presidido por Antich, al recibir los resultados de diversas auditorías que reflejaban modos de hacer y desajustes económicos muy relevantes de difícil justificación, remitió tal documentación a la fiscalía por si existían hechos delictivos. En realidad no hizo otra cosa que cumplir con su obligación en la defensa de los bienes públicos. A partir de aquí, los fiscales comenzaron a sustanciar hechos de corrupción en la gestión de los dineros públicos y sus posibles autores.

Lo que afloró no fueron solo casos aislados, sino un hábito generalizado que afectaba a las prácticas del anterior gobierno de Matas, y que se extendió a los socios uemitas del actual gobierno. La trama afectaba desde los máximos jefes (Matas y algunos de sus consellers) hasta cargos de nivel inferior (desde el colacao al que chorizaba un contrato menor de 12.000 euros). Es curioso que cuando se detenía a algún presunto, éste se extrañara (o indignara) al considerar su práctica como algo normal.

¿Cuáles han sido las consecuencias? Determinados entornos políticos y sociales de los presuntos corruptos han utilizado la estrategia de generalizar la corrupción a todas las instituciones, a todos los partidos, y a todos los políticos. Hay que reconocer que han conseguido un relativo éxito. De ahí una cierta "resignación", y/o considerar "normal" que los políticos (con mayor o menor intensidad) se aprovechen de sus cargos.

Pueden resultar paradójicas sus repercusiones electorales. Sin culpabilizar a los partidos, es un hecho que unos más que otros han albergado en su seno a los corruptos. Pero puede darse el caso de que tales partidos políticos, en concreto el PP, tengan poco desgaste electoral. En cambio el PSOE, que incluso expulsó del gobierno a UM quedándose en minoría, puede tener mayor coste electoral. La derecha es mucho más fiel, y con tal de que no ganen los otros tragan carros y carretas. Los votantes de centroizquierda son más escrupulosos y tienden a ser más exigentes con los suyos cuando ocupan cargos públicos (aunque les correspondan responsabilidades mínimas en la corrupción), lo que puede conducir a una cierta indefinición de su voto que podría acabar en la abstención. La pregunta del millón es, ¿a quién beneficiaría esta abstención?