Parecía que los horrores acaecidos en la prisión iraquí de Abu Ghraib (abusos, malos tratos y torturas) constituían hechos aislados de autoría particular sancionable hasta que la semana pasada la web Wikileaks filtró para Internet la publicación anónima de 391.832 documentos secretos o confidenciales del Pentágono dando a conocer, multiplicados por mil, nuevos hechos acreditativos de un uso general en el conflicto de Irak de conductas deleznables, técnicas y métodos absolutamente contrarias al derecho internacional humanitario y vulneradoras de los Convenios de Ginebra de 1949 (en vigor) por parte de fuerzas estadounidenses, del gobierno aliado de Irak y de compañías privadas de seguridad subcontratadas por el Pentágono (los mercenarios de Blackwater), tales como secuestros, torturas, viles asesinatos, ejecuciones extrajudiciales, bombardeos indiscriminados sobre sectores de población civil con el resultado de más 100.000 personas fallecidas, etcétera.

Es decir, que aquellos hechos reseñados al principio no suponían ninguna excepción a la norma sino que eran la regla general donde la impunidad campaba a sus anchas hasta que la cascada documental de informaciones vertidas en Internet por Wikileaks la quebró y desnudó demostrando que la globalización informática resulta ser una herramienta útil y necesaria para la Comunidad internacional, por encima de los intereses estatales, siendo fundamental para desvelar culposos silencios gubernamentales o incluso recientes decisiones judiciales como el sobreseimiento y archivo de actuaciones de-cretado, en el caso de la matanza de Nisour, por un juez federal USA que consideró que las declaraciones, obrantes en el sumario, de los miembros imputados de Blackwater, se habían obtenido bajo la expresa condición de no poder ser utilizados nunca en su contra, demostrando así su ignorancia del principio de aplicación en el derecho penal internacional consuetudinario de delicta iuris gentium, esto es la obligada persecución de los crímenes internacionales en el seno de la Comunidad internacional.

Que ahora los Departamentos de Defensa o de Estado de EE UU (Hillary Clinton) se escuden o mantengan que la filtración de los documentos clasificados perjudica a la seguridad nacional o a la de sus aliados no deja de ser más que una excusa peregrina con la sibilina intención de soslayar la respuesta a la cuestión principalísima de si los hechos publicados son o no ciertos porque si lo fueran constituyen claramente delitos de lesa humanidad, debiéndose juzgar a sus responsables y a sus cómplices. De momento, el relator especial de las Naciones Unidas sobre la Tortura, Manfred Novak, ya ha establecido que las relevaciones de Wikileaks eran "más que creíbles" añadiendo a continuación que EE UU presuntamente habría violado la Convención sobre Tortura aunque sólo fuera porque entregó a los detenidos o presos "a una jurisdicción –la de Irak– con riesgo de ejercer tortura, violando así el art. 3 de la Convención", considerando prioritario la puesta en marcha de una investigación internacional independiente y diferenciando entre las administraciones de Bush y Obama por haber ordenado ésta última el cese de aquella práctica.

Una mejora ciertamente sustancial pero que, sin embargo, no nos permite exclamar que la administración Obama hubiera conseguido alcanzar el rango prometido en su programa electoral de respeto escrupuloso al derecho y a las jurisdicciones internacionales en materia de protección de los derechos humanos pues, de momento, continúa el veto del Senado de EE UU para la ratificación del Estatuto de Roma (1998) del Tribunal Penal Internacional que, en su día, Bill Clinton firmó y que luego Bush frenó y retiró… por si acaso fuera necesario el amparo de la no vinculación al instrumento internacional (como sucede ahora).

Afortunadamente, aunque sea de vez en cuando, surgen en el mundo personajes del calibre del periodista australiano Julian Assange, fundador de Wikileaks, que nos alegra la vida con sus inofensivas armas de papel que resultan tremendamente peligrosas justamente para los opacos aparatos estatales que ocultan las miserias de sus actuaciones al precio que sea, aunque incluya cometer flagrantes delitos.

Ya dijo Norberto Bobbio que "la opacidad del Poder es la negación misma de la democracia", citado por el magistrado Luciano Valera ("Secreto de Estado o Secreto contra el Estado", en Jueces para la Democracia nº 13, 1991) al considerar que en un Estado democrático "el secreto no puede ser nunca el medio para encubrir actos ilícitos". Magnífica respuesta a las declaraciones de Hillary Clinton.

Por cierto ¿Porqué hasta ahora nadie se ha detenido a pensar en que Julian Assange fuera un personaje clonado de Mikael Blumkvist o un producto de su autor Stieg Larsson en una cuarta parte desconocida de Millenium?

* Jurista y politólogo especialista en relaciones internacionales.