Es muy dudoso que tenga sentido, en tiempos de tribulación, impulsar reformas que no estén exigidas por una ostensible demanda social. Y es muy dudoso también que, una vez legislado que los hijos de una pareja pueden llevar indistintamente en primer lugar el apellido del padre o de la madre, haya que intervenir perentoriamente en la solución "por defecto", cuando no haya acuerdo entre los progenitores, disponiendo que en este caso se imponga el orden alfabético.

Ciertamente, conviene ir hasta el final en la eliminación legal de las discriminaciones de género. Pero sin olvidar que cuando dos cabalgan juntos sobre el mismo caballo, uno ha de ir detrás, sin que este orden arbitrario pueda considerarse discriminatorio.

Nuestro derecho de familia es hoy, tras las últimas reformas de 1999, perfectamente respetuoso con la igualdad, y de hecho no ha existido reclamación conocida alguna al respecto. Parecería, pues, lógico avanzar con mucha cautela, y siempre mediante amplios consensos, para evitar que las reformas, en lugar de cerrar conflictos, abran otros nuevos.