Por si acaso quedara alguna duda, el auto de la titular del juzgado de instrucción número 12 de Palma por el que abre juicio oral a Maria Antònia Munar y la que fuera cúpula de su gobierno en el Consell o, lo que es lo mismo, el equipo directivo y ejecutor de las directrices de la propia Munar en UM, viene a dejar las cosas meridianamente claras. Lo que se intuía va adquiriendo forma sólida de trámite legal y procedimiento penal. A quienes quedan imputados por el caso Can Domenge –la juez instructora exculpa a los técnicos y a los hijos del dueño de la promotora– se les atribuye la presunción de haber defraudado 30 millones a las arcas del Consell con el apaño de una concesión de solares a mitad de precio del valor de mercado.

La argumentación de la magistrada viene a reforzar lo que se ha repetido por activa y por pasiva y que, hasta el momento, nadie ha rebatido con explicaciones convincentes, porque no es creíble que uno, ni siquiera una institución pública, haga lo indecible por vender a la baja, hasta llegar a la mitad de precio, un bien que, según criterios de mercado, podían generar el doble de entradas a las arcas públicas dado que había una oferta clara para ello. Es el mundo al revés ¿Porqué quisieron girarlo Munar y sus hombres de confianza?

El auto judicial, que obligará a sentarse en el banquillo de los acusados a los implicados, se basa en la convicción de que Munar, Nadal, Flaquer y Vicens se pusieron claramente de acuerdo con los responsables de Sacaresa para adjudicarles a ellos los solares de Can Domenge, suministrandoles información de primera mano, incluso un año antes de que se publicará el concurso. Nuñez y Navarro, constructora autora de la demanda que ha desembocado en la situación actual, ponía sobre la mesa 60 millones por los mismos terrenos.

La juez se sorprende una y otra vez –naturalmente, la opinión pública también– de que el Consell renunciara por las buenas, sin justificación legítima, a ganar 30 millones de euros. La defensa tampoco ha logrado convencer a la instructora de que Maria Antònia Munar, por muy de baja que estuviera el día de las firmas clave, pudiera permanecer al margen de la operación. También, coincidiendo otra vez con la impresión de la calle, el auto hace alusión a las prácticas de control que definió el modo de actuar de la ex presidenta del Consell, el Parlament y su partido, UM.

Como nadie ha explicado las cosas con solvencia, en vista pública judicial deberá discernirse, cuando llegue el turno y de una vez por todas, la presunta malversación con estratégicos solares urbanizables de por medio. Ello impica pasar por el bochorno de ver a quienes han representado y gestionado las principales instituciones de las islas, sentados en el banquillo de los acusados. Lo peor es que Can Domenge no será una excepción. Munar también tiene juicio abierto en una pieza separada del caso Ibatur y, como es sabido, otros cargos relevantes están en posición idéntica.