Antón Costas, catedrático de Política Económica de la UB, ha publicado un artículo inteligente en el que propone racionalizar nuestra agitada coyuntura política mediante una invocación al pacto político, sobre criterios de técnica económica, que debería facilitar la salida de la crisis a medio plazo.

Costas invoca un procedente que se aproxima en gran medida a nuestra situación actual: Suecia padeció con especial intensidad la crisis de 1992, la más grave en el país escandinavo desde los años treinta, resultado de la confluencia de unos problemas coyunturales serios con unas deficiencias estructurales graves. En aquella ocasión, el Gobierno nombró una Comisión de Expertos Independientes en diciembre de 1992, presidida por el economista liberal Assar Lindbeck, para sugerir medidas que sacaran a la economía del marasmo en que se encontraba. La Comisión consiguió un plausible éxito, que quedó plasmado en una especie de manual para reformadores con sentido común ("Turning Sweden Around", The MIT Press, 1994).

Aquí, de momento, nuestro gobierno ha admitido sin rechistar y con entrega encomiable la necesidad de llevar a cabo un colosal ajuste, que le costará seguramente el poder pero que es un requisito sine qua non para que España se libre de la bancarrota y haya de recorrer un larguísimo camino de reconstrucción. Lo ocurrido en Grecia es un aviso a navegantes que nos ilustra sobre la inexorabilidad de nuestra consolidación fiscal. Sin embargo, y aunque casi nadie duda de que el ajuste es en efecto inexorable, las medidas adoptadas no disfrutan del deseable consenso político y social que las haría más digeribles y eficaces. El consenso social requeriría una negociación en toda regla que prorratease mejor los costes de la consolidación fiscal y una labor de explicación que ilustrase a los ciudadanos acerca del porqué de los sacrificios. Y el consenso político sería más fácil si existiese una instancia técnica que asumiera la paternidad teórica de las medidas y las liberara de cualquier prejuicio sectario.

En nuestro país no hay tradición en materia de comisiones técnicas. En tiempos de la UCD, el malogrado ministro Joaquín Garrigues exploró la posibilidad de crear "Comisiones Regias", al estilo de las "Royal Commissions" británicas, pero no encontró receptividad, ni en el Gobierno ni en Zarzuela, ya que su idea consistía en colocar tales comisiones bajo los auspicios neutrales de la Corona. Sin embargo, hay modos de crear estas instancias en sede parlamentaria. De hecho, nosotros también tenemos un precedente, que también cita Antón Costas en su artículo: Enrique Fuentes Quintana debió aplicar un manual para reformadores con sentido común al conseguir que los actores políticos y sociales de la época firmaran los Pactos de la Moncloa de 1977, que aportaron la estabilidad y la materia indispensables para construir una democracia moderna.

Dado el clima irrespirable de nuestra política, es impensable que los principales partidos acepten la formación de un foro experto capaz de iluminar la andadura zigzagueante de este país. Sin embargo, no está de más afear la falta de grandeza de una clase política que, con toda evidencia, está mucho más interesada en obtener réditos de la crisis que hacer todo lo posible por aliviar la carga de la recesión.