La prodigalidad con que el sistema financiero español concedió generosos créditos hipotecarios a quien los solicitase en los tiempos inmediatamente anteriores a la recesión ha llevado hoy a miles de familias a una situación desesperada: no sólo han perdido su vivienda por no poder afrontar los pagos periódicos del crédito sino que, además, habrán de hacer frente con todo su patrimonio a la deuda exigible, que, dada la devaluación de los inmuebles a causa de la crisis, no se cubre en muchos casos con la simple devolución de la vivienda. Las instituciones democráticas no pueden ser insensibles a esta situación, en la que es fácil advertir un abuso por parte de los bancos, que aspiran al máximo beneficio sin asumir riesgo alguno. Porque es evidente que una de las funciones civilizadoras que debe asumir inexorablemente el Estado es la de velar por el equilibrio y la simetría de las relaciones contractuales entre los prestatarios de servicios y los ciudadanos.

En definitiva, y a la vista del drama que se está desarrollando, lo menos que podría hacer el establishment es legislar que, a partir de ahora, los créditos hipotecarios tan sólo podrán respaldarse con la garantía del inmueble en cuestión.