Tramitar o afrontar un proceso administrativo en unas oficinas municipales ha sido siempre una aventura de pronóstico incierto. Nunca se sabe cómo acabará porque está a expensas de demasiados factores externos y porque el lugar de autos suele acabar siendo determinante. Hay ayuntamientos que arrinconan o activan las multas e incluso los tributos, en función de las conveniencias políticas. Puede depender del número de habitantes del municipio, factor que también se vuelve decisivo a la hora de disponer de capacidad para una buena gestión administrativa.

Todas estas cuestiones se vuelven a actualizar a la luz de los roces y presiones, cada vez mayores, que se producen entre la práctica totalidad de los ayuntamientos españoles y la Dirección General de Tráfico. Resulta que el departamento del ministerio del Interior bloquea ahora mismo el cobro de multas de casi todos los municipios de Balears en represalia al poco entusiasmo de éstos para firmar el convenio que permitiría descontar los puntos del carné por las infracciones cometidas en las vías urbanas. En concreto, en Mallorca, el conductor sólo pierde puntos si le han sancionado en las calles de Inca, Alcúdia, Palma y Binissalem. En sentido práctico importa pues el lugar de los hechos y mucho menos la infracción cometida. Se quiera o no y mientras no cambien las cosas, quedan consolidadas las categorías en los procesos delictivos de los conductores dentro de una problemática, en forma de trato desigual, que ha ido aumentando desde 2005, cuando entró en vigor el carné por puntos.

Tráfico se ha plantado y ha acabado por denegar a los municipios que no colaboran cualquier información sobre los vehículos y sus titulares, lo cual, en la práctica, ata de manos a los ayuntamientos para localizar a conductores no empadronados. Pero hay que contemplar las cosas desde ambos lados. La Federación de Entidades Locales sostiene que los consistorios pequeños no disponen de capacidad telemática para conectar sus oficinas con Tráfico. Por lo que respecta a Mallorca, es un argumento asumible en el caso de Escorca o Ariany, por ejemplo, pero imposible de sostener, sin ir más lejos, en Manacor o Calvià, municipios que tampoco han firmando el convenio que sirve para administrar un sistema de puntos que ha acabado desvelándose como útil para rebajar la siniestralidad en las carreteras.

A la vista de la situación y del modo en que están las cosas en otros departamentos de la Administración, parece claro que, a fin de cuentas, estamos también ante un problema de voluntad y decisión política. Cinco años, el tiempo que lleva implantado el carné por puntos, es tiempo de sobras para paliar una situación que acaba estableciendo agravios comparativos y, lo que es peor, no refuerza un sistema útil para bajar accidentes.