¿Y ahora qué, señora alcaldesa?

Señora: El domingo 26 de octubre de 2008, a través de este respetado diario, le dirigí una carta en la que refería los hechos acontecidos con ocasión de la detención del letrado Antonio Tugores, buen amigo y miembro del bufete que dirijo desde hace más de 20 años.

En la carta, contenida, respetuosa y esperanzada, le trasladaba nuestra indignación y preocupación por la detención de nuestro compañero, practicada en el propio bufete, por cuatro miembros de la Policía Local, pertrechados y equipados con armas y bagajes, como si del más peligroso y buscado delincuente se tratara. Omito extenderme sobre la rabia e impotencia que la detención nos produjo, conscientes de la arbitrariedad y abuso de la que éramos sujetos pasivos y testigos privilegiados. La detención tuvo un significativo eco mediático, tanto por la notoriedad del afectado como por la forma y lugar en que se produjo.

Pasaron los días; ni Toni, ni yo, y con nosotros nuestros compañeros, familiares, amigos y allegados, recibimos noticias, explicaciones o disculpas suyas o de personas relevantes de su equipo de gobierno; ni siquiera se evidenciaron indicios que permitieran entrever que la Policía Local depuraría, con publicidad y transparencia, un comportamiento que mereció la reprobación unánime de cuantos lo valoraron, dando lugar, incluso, a la enérgica protesta del Colegio de Abogados de Balears, que mantuvo una reunión con usted a fin de tratar el tema.

Decepcionados por su inacción y la de los responsables de las fuerzas policiales, y asumiendo como "plaga bíblica" que los políticos jamás se disculpan ante los ciudadanos por sus yerros, centramos nuestra atención en conseguir el archivo de esa desatinada denuncia, que con tanta alegría e irresponsabilidad tramitó la Policía Local. Como no podía ser de otra forma, los tribunales (nuevamente nuestro reconocimiento al compromiso y labor que desarrollan los jueces y magistrados, sin duda el poder más solvente del Estado) se pronunciaron, en tres ocasiones, sobre la inexistencia de ilícito penal y el sobreseimiento de la causa, con el consiguiente archivo de la misma.

¿Y ahora qué?

En mi carta le pedía que, en ejercicio de su responsabilidad, proveyera lo pertinente para depurar la conducta de esos agentes, ordenara la incoación de diligencias de averiguación de lo acontecido y resolviera lo procedente a la vista de su resultado. Nada de eso hizo, bien por desinterés, por falta de sensibilidad, por recelo a los poderes fácticos policiales u otra razón ignorada. Como quiera que el asunto no debe quedar impune, ya que el atentado a la libertad fue clamoroso, la detención ilegal y el daño irrogado muy intenso, prolongado y, en gran medida, irreparable, su falta de respuesta nos aboca al ejercicio de las acciones procedentes ante los juzgados penales para que depuren esas conductas que deberían haberse investigado, resuelto y, de resultar procedente, sancionado por el propio cuerpo de la Policía Local o, en su caso, elevarlas a los tribunales para su enjuiciamiento.

El ejercicio de acciones judiciales lo articularemos por responsabilidad ciudadana, por pulcritud democrática y motivado por la inacción de las personas que, prima facie, venían obligadas a ello, especialmente usted, en tanto que máxima responsable de la Policía Local de Palma. Deploramos esa pasividad, desaprovechando una inmejorable oportunidad para evidenciar altura política, alineamiento con el Estado de Derecho y con sus ciudadanos; no ha podido, o no ha querido, hacerlo, dando cobertura, por omisión, a comportamientos ignominiosos, injustificables y, sin perjuicio de lo que resuelvan los tribunales, con indicios de ser delictivos.

Esa indolencia nos aboca a lo que, precisamente, queríamos evitar, judicializar un lamentable episodio cuya resolución hubiera podido ser más rápida, menos dolorosa y más reparadora si, en tiempo y forma, el propio cuerpo policial hubiera purgado la conducta de los agentes que, con manifiesto desprecio de los derechos ciudadanos, decidieron, "por si y ante sí", actuar por su cuenta y criterio, apartándose de la ley. Lamentamos ese persistente, reiterado y terco comportamiento que obliga a que sean los tribunales quienes, finalmente, tutelen nuestros derechos y ello por la incapacidad de hacer un ejercicio de autocrítica, reconocer equivocaciones, reparar lo mal hecho y solicitar disculpas a los agraviados y perjudicados.

Esperemos que nunca más, nadie, sufra situaciones como las que nosotros vivimos el 22 de octubre de 2008; y si acontece, pedimos que nuestros gobernantes estén a la altura de las circunstancias, actúen con firmeza, rigor y contundencia en defensa de los derechos y libertades de los ciudadanos a los que representan y a los que se deben.

(*) Abogado director de Bufete Buades