Pasado mañana, lunes, la presidenta del Parlament y presidenta de honor de UM, Maria Antònia Munar, declarará ante el Tribunal Superior de Justicia de Balears como imputada en el caso Can Domenge. Un caso que - pese a los enfrentamientos internos de UM- mantiene unidos a quienes en la pasada legislatura gobernaron con la presidenta el Consell de Mallorca, contando para ello con los votos de su partido y los del PP. Además de Munar están imputados el actual presidente de UM, Miquel Àngel Flaquer, el conseller de Turismo, Miquel Nadal, el diputado Bartomeu Vicens, que ya fue suspendido de militancia y el entonces portavoz popular, Fernando Rubio. ¿Explicará la ex presidenta del Consell las razones por las que se adjudicó la venta del solar por treinta millones a la UTE formada por Sacresa y Ferratur cuando otro concursante, el denunciante Núñez y Navarro, ofrecía el doble?

No parece probable, ya que no lo ha hecho hasta ahora. La presidenta del Parlament siempre ha defendido la legalidad del concurso y su apoyo incondicional al proyecto, como quedó demostrado en su presentación, en presencia del prestigioso arquitecto francés, Jean Nouvel. Todos los imputados en esta causa han tratado de explicar lo inexplicable, el hecho de que se dejaran perder treinta millones para las arcas del Consell. Por eso, sus declaraciones deben ser contrastadas por la investigación judicial y, por supuesto, acompañadas del análisis de la documentación que ayer se incautó en las sedes de Sacresa, Ferratur y del despacho de abogado que el portavoz del PP en el Parlament, Francesc Fiol, comparte actualmente con su hermano. En este despacho se domicilia la UTE ganadora del concurso y Santiago Fiol fue secretario de su consejo de administración. La policía nacional, por orden del TSJB, busca conexiones que den luz sobre el caso.

Se trata de esclarecer si la UTE obtuvo información privilegiada sobre el concurso, como parece deducirse de la rapidez de Nouvel en la redación de un proyecto que, según se dijo en su presentación, debía ser un complejo emblemático para la ciudad. ¿Jugaron Sacresa y Ferratur con ventaja y, si lo hicieron, a cambio de qué? Munar y su equipo renunciaron a que se construyeran viviendas sociales y, sin embargo, rebajaron el precio con la condición de que el proyecto fuera de alto standing. No parece lógico. ¿Por qué se rebajó conscientemente a la mitad el precio de Can Domenge si las residencias que iban a construirse debían ser lujosas? Los registros llevados a cabo ayer en Barcelona, Calvià y Palma buscan la explicación que los políticos no han dado hasta ahora y sirven de antesala a la presencia de Maria Antonia Munar ante el juez.

La expectación mediática está garantizada. El juez ha decretado el secreto parcial del caso, aunque es evidente que las últimas actuaciones refuerzan las sospechas de la anterior instructora – que impuso una multimillonaria fianza a los imputados no aforados – sobre presuntas comisiones o cohechos. El asunto afecta directamente a UM, pero no puede olvidarse que el PP apoyó con su voto la venta del solar ni que, actualmente, UM forma parte del Govern y Maria Antònia Munar es la presidenta del Parlament, la segunda autoridad en rango de las islas.