El ayuntamiento de Palma dará a partir de octubre una nueva vuelta de tuerca para regular el tráfico por el interior de la ciudad. La zona ORA se extenderá a lo ancho de un nuevo círculo, alargando la zona de aparcamiento restringido a la práctica totalidad del ensanche. Barrios enteros quedarán totalmente integrados en estas áreas, en las que, si no se reside en ellas, sólo se podrá aparcar durante un tiempo y previo pago. Es decir, se amplía el cerco al coche o, para ser más exactos, se condiciona su uso, puesto que, sin tarjeta de residente, la calle sólo podrá ser utilizada como aparcamiento de forma rotatoria. Dejar el vehículo durante toda una jornada laboral, por ejemplo, estará prohibido, lo que obligará a que miles de personas hayan de buscar un transporte alternativo, alquilar o comprar un aparcamiento en el centro de la ciudad o dejar el coche cada vez más lejos. Es lo que ya ha ocurrido en muchas ciudades con parecido o mayor tráfico que Palma. Las zonas ORA, se llamen como se llamen, han ido extendiéndose como una mancha de aceite. En Palma, primero fue el centro histórico. Luego, alcanzó a una parte del ensanche, dado que el éxodo forzoso de coches colapsaba las calles entorno de las Avenidas. Y así sucesivamente. La nueva delimitación de las zonas azules era algo previsible, puesto que aparcar en ellas se había convertido en misión imposible, con el agravante, en las últimas semanas, de las obras, que suponen una complicación más al agobiante ir y venir de vehículos en busca de un espacio donde aparcar. Es el sino de todas las ciudades, cuyo único remedio conocido hasta ahora es restringir el tráfico privado para fomentar el uso del transporte público.
Llegará el día, pues, en que toda la ciudad será una suma de zonas con aparcamiento restringido, zonas ACIRE, peatonales, oras, azules, verdes…cada una con sus peculiaridades pero con un denominador común: desaconsejar el uso del automóvil. Un serio contratiempo para quienes lo consideran imprescindible, pero el único sistema para que la ciudad vuelva a ser de los ciudadanos. Sin embargo, el problema, ahora mismo, no es ese. El auténtico dilema es saber si esta serie de medidas cuenta con alternativas válidas. ¿Dispone Palma de transportes públicos cómodos, suficientes y baratos para que sus ciudadanos y visitantes puedan desplazarse? ¿Y, sobre todo, existen estas alternativas para quienes viven fuera de la ciudad? Es evidente que quienes no residen en Palma serán los más afectados.
Habrá que preguntarse si este cerco al coche que tan beneficioso parece desde una perspectiva progresista no será también un cerco a la ciudad por falta de un transporte adecuado. Con un agravante: los accesos a Palma siguen siendo una asignatura pendiente que condiciona cualquier alternativa de tráfico y pone entre interrogantes, una tras otra, todas las políticas de movilidad que se quieran imponer.
