Como en los tiempos de la República, el Govern hará su propia ley de casas baratas, aunque a lo grande. Con la nueva ley de medidas urgentes que el ejecutivo tiene en cartera se pretende construir no menos de 5.000 pisos a un precio no superior de 1.200 euros por metro cuadrado -una vivienda de 75 metros saldría por 90.000 euros- que es casi la mitad de lo que ahora mismo se paga en el mercado libre. Una operación de choque con la que el conseller de Vivienda está dispuesto a lograr la cuadratura del círculo mediante la creación de una Reserva Estratégica de Suelo y su puesta a disposición de los promotores interesados para que construyan viviendas protegidas o de precio tasado. De este modo se quiere frenar la espiral de precios y poner al alcance del ciudadano medio una oferta acorde con sus posibilidades. Es una de las promesas electorales del PSOE y un objetivo prioritario para el actual Pacte, pese a que para lograr el acuerdo haya sido necesario vencer no pocas reticencias del Bloc y de UM.

El principal obstáculo que Jaume Carbonero ha tenido que allanar es la posibilidad de construir en suelo rústico, todo un anatema para el ecologismo y los partidos de izquierda. En este sentido, el consenso alcanzado ayer entre los tres grupos que están en el Govern establece que sólo podrá recalificarse suelo rústico cuando sea colindante con suelo urbano o urbanizable y, en todo caso, como último extremo. El Govern convocará un concurso para que los propietarios de terrenos que lo deseen hagan sus ofertas. La condición para poder construir será dedicar al menos el 50 por ciento de las viviendas a precio tasado o a alquiler y a cambio no sólo se facilitarán los trámites de la recalificación sino que se permitirá incrementar la edificabilidad -en el caso de Palma- hasta los 225 habitantes por hectárea, por encima de lo establecido en el Plan Territorial de Mallorca.

Se trata de un intercambio que favorece a todas las partes, con lo que puede conseguirse la mencionada cuadratura del círculo o, lo que es lo mismo, poner fin al círculo vicioso que hasta ahora ha caracterizado la política urbanística. Favorece a los propietarios y promotores porque ya han visto las orejas al lobo de la crisis y un pacto con el Govern les permitirá mantener sus expectativas de negocio. A quienes aspiren a comprar una casa o alquilarla porque verán satisfechas sus aspiraciones. Y al Govern porque estará en condiciones de cumplir su promesa electoral y porque, políticamente -y no es poco- dará una imagen diferente a la política territorial seguida hasta ahora por la izquierda. Frente al recién aprobado proyecto de ley de medidas urgentes territoriales, que restringe el urbanismo, esta otra ley propone todo lo contrario, aunque, eso sí, bajo la tutela pública.

En cualquier caso, la operación que el Govern quiere poder en marcha tiene riesgos importantes que la opinión pública debe saber. Por un lado está el compromiso de no utilizar más suelo rústico del que sea estrictamente necesario y por otro el compromiso, ineludible, de garantizar que estas construcciones no supongan la aparición de nuevos guetos en Palma, o la radical transformación urbana que han padecido otras poblaciones de Mallorca. Un pacto sobre la vivienda ha de poner su empeño tanto en satisfacer la demanda existente como en dignificar las condiciones de vida de la ciudad. Si no es así, no se entendería.