Contra el urbanismo a la carta

tras el consell de Govern que aprobó el ansiado proyecto de "ley de medidas urgentes para un desarrollo territorial sostenible", que con esta ley se quiere entrar en una nueva dinámica de preservación medioambiental, más de acuerdo con las necesidades sociales y económicas de estos momentos y poner fin a las políticas erráticas y el urbanismo a la carta practicados por el PP. En este sentido, Antich negó tajantemente que en la determinación de los nuevos espacios protegidos hubiera intereses ocultos, contrariamente a las pancartas que los diputados populares expusieron sobre sus escaños en el último pleno del Parlament. En ellas se exigían explicaciones sobre la exclusión de Can Marçal Vell, en Portocolom y una parte de Cala Blanca, en Andratx, del anterior decreto de medidas cautelares, una exclusión tras la que -según el president- sólo hay razones técnicas o de oportunidad. Como prueba, dijo estar totalmente predispuesto a que estos dos espacios, y todos los que hagan falta, se incorporen a la ley durante su tramitación parlamentaria.

Así pues, todo hace prever, que al final tanto Can Marçal como Cala Blava quedarán íntegramente protegidos, deshaciéndose cualquier malentendido que pudiera haber provocado las relaciones familiares o profesionales entre políticos próximos al Govern y a la propiedad. Para que ocurra eso será necesario que el PP, como cabe esperar, o cualquier otro grupo parlamentario presente una enmienda al proyecto de ley. El Govern podría haberlo hecho ya, incluyéndolo en el texto aprobado ayer, pero se ha querido respetar la iniciativa de los populares para, de este modo, lograr el máximo consenso para una ley sobre la que no tendría que existir ninguna sombra de revanchismo. Según Antich se trata de llegar a un gran pacto que comprometa no sólo a los partidos políticos sino al conjunto de la sociedad.

Este es, precisamente, un buen momento para lograr este pacto. Hay que aprovechar la ocasión. El mercado inmobiliario está al borde de una crisis sin precedentes, lo que facilita poner límites al crecimiento urbanístico o, al menos, intentarlo. Y, por otra parte, el futuro del turismo pasa por controlar la oferta residencial y proteger el entorno natural que sigue siendo, pese a todo, el principal atractivo de las islas. Un gran pacto sobre el territorio debería ser posible, sobre todo si el PP -como cabría deducir de sus denuncias al Plan Territorial- estuviera por la labor. Ayer mismo, la todavía presidenta de UM dijo con toda claridad que su partido no era el único responsable del PTM, sino que el PP tuvo una participación activa en no pocas de las actuaciones que hoy están bajo sospecha. Que el PP rectifique es, pues, una excelente oportunidad para aclarar todo lo que haya que aclarar y rectificar.

En cualquier caso, sería injusto que un análisis sobre el proyecto de ley de medidas urgentes, por muy apresurado que sea, se limitase sólo a los espacios que se han mencionado y a la polémica que han suscitado. Hay otras medidas de gran alcance. Nada más y nada menos que se deroga la ley de campos de golf, sustituyéndola por unas normas mucho más restrictivas que impedirán, definitivamente, que este deporte siga siendo una excusa para urbanizar. Y, al mismo tiempo, se llena un importante vacío legal, al regular el uso del suelo -hasta ahora Balears era la única comunidad que carecía de una normativa similar- y permitir que el Govern siga adelante con sus planes de vivienda.