Hace pocos días, el Tribunal Superior de Justicia de Baleares (TSJB) ha estimado que el cargo de consellera de Sanidad era incompatible con la propiedad de una farmacia abierta al público, cual ocurrió en el primer gobierno del Pacto de Progreso.

Tras reflexionar en compañía, y con todos mis respetos a los magistrados, no comparto ese criterio. Es más: me parece un despropósito, sin que ello vaya en detrimento de la obligada transparencia que debiera presidir la cosa pública y, en consecuencia, el bolsillo de los cargos electos. Todos los contertulios sin excepción estuvimos de acuerdo en la declaración de bienes previa a la toma de posesión y, por supuesto, en el estricto control de cualquier acción de la que pudiera derivarse enriquecimiento u otro beneficio -propio, de familiares o amigos- mediado o favorecido por la posición de poder. Pero de ahí a que una actividad profesional, ejercida con anterioridad y posterioridad, deslegitime para la responsabilidad institucional, media una peligrosa distancia.

Porque vamos a ver: si poseer una farmacia impide dirigir la Sanidad (¿ningún farmacéutico desde ahora?), tampoco podrá tener que ver con el urbanismo un arquitecto aunque abandone su ejercicio privado (en su despacho, los colaboradores podrían beneficiarse de sus decisiones) ni, por extensión, nadie que posea un terreno, que podría revalorizarse con determinado plan. Un enseñante, en la escuela pública o privada, no podrá intervenir en la política educativa porque alguna reforma o normativa podría beneficiarle tras el cese, e igual sucederá con un médico o un abogado. En el caso de una farmacia, bufete o consultorio donde trabaje alguien más que el cargo electo, ¿deberán cerrarse y arrostrar los demás las consecuencias? Y si fuera únicamente éste quien cese en su actividad, como en el caso que nos ocupa, siempre podría argüirse (presunción de culpabilidad en lugar de inocencia) que el político no tomará medidas que comprometan el futuro del negocio, de la empresa a la que, tarde o temprano, se reincorporará a no ser que se encadene a la poltrona, y eso es mucho peor.

Atiendan los señores magistrados a estos supuestos, sentencien en la línea que han iniciado y la política será oficio de desempleados y gentes de salario interprofesional. Nada peyorativo, pero se vetaría para la responsabilidad oficial a muchos que han demostrado su valía en el ejercicio cotidiano, lo cual, a más de injusto, se me antoja una pérdida colectiva. Asunto distinto es que se examinen con lupa cuentas y hacienda del político y su entorno, pero eso no justifica el apriorismo que implica esta resolución. Si la Ley de Incompatibilidades pretende garantizar objetividad e imparcialidad en las decisiones, presumo que se refiere a las tomadas durante el ejercicio político, sin que la asunción de tal responsabilidad implique una tabula rasa con lo que uno haya podido hacer con anterioridad. Tres millones y medio de euros, facturados a la Sanidad Pública durante un cuatrienio, "no es una cantidad baladí", afirma el TSJB. No obstante, la afirmación no equivale a un argumento y es más bien un comentario. ¿Se incrementó la facturación de forma o por medios sospechosos? Y, en caso de presunto delito, ¿Por qué no se actuó de inmediato? Si la cantidad fuera menor, baladí, ¿Sería entonces compatible la farmacia con el puesto? ¿Cuál es el límite?

Imagino que la ciudadanía entendería mejor una investigación decidida sobre temas que andan en boca de todos y, estos sí, surgidos ex novo y como consecuencia del poder detentado, desde la propiedad de gasolineras a paradas de un tren de alta velocidad en terrenos de familiares o un empleo en el extranjero, seguramente bien remunerado, por contar con buenas amistades. De esas que no tiene cualquiera, y es que la Justicia -Amartya Sen lo dijo- es muchas veces insuficientemente igualitaria. A veces, más que traer la luz, es cortina de conveniencias: de humo.

A eso me suena la salida de la señora Estarás cuando afirmó que, con base en esta sentencia, traer a colación la presunta incompatibilidad del expresidente señor Matas sería como escuchar a El Lute hablar de inseguridad ciudadana. Pues mire la señora: estaría en su perfecto derecho y tendría credibilidad; entre otras cosas porque sabría de que habla y, a diferencia de otros, ya pagó sus deudas. En cualquier caso, no sería peor que escuchar a la susodicha, a quien recuerdo aplaudiendo fervorosamente la invasión de Irak. Un ejemplo, por cierto, de justicia sin par.